El Plantón de Familiares de Desaparecidas y Desaparecidos Nacional, que agrupa a más de 60 colectivos, exigió al Senado la destitución de Mara Gómez Pérez, titular de la CEAV, a quien señalaron de trabas y revictimizarlos, además de que desmintieron la “paralización” del organismo.
Así lo manifestaron este martes a través de una carta abierta a los senadores, la cual entregaron al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, de la Secretaría de Gobernación, quien se comprometió a hacerla llegar de inmediato a la Cámara Alta.
De acuerdo con la misiva, desde la toma de posesión de Gómez Pérez, en diciembre de 2019, “los trámites pendientes ante el Registro Nacional de Víctimas han ido en aumento”, lo cual ha derivado en que los deudos de desaparecidos que esperan solución de este proceso no puedan acceder a los derechos que les garantiza la Ley General de Víctimas.
En estos seis meses de gestión, la funcionaria –refirieron– tampoco les ha presentado su plan de trabajo y ha “incumplido sentencias de la Suprema Corte de la Nación (SCJN)” respecto a casos como el de la guardería ABC y otros.
También acusaron la cancelación de diligencias de búsqueda de desaparecidos, que ya estaban acordadas con las fiscalías General de la República (FGR) y estatales, debido al congelamiento de recursos por parte de Gómez Pérez, lo cual “pone en riesgo la localización de nuestros seres queridos”.
Sin sustento, “suspende derechos”, acusan
Al poco tiempo de iniciar funciones, les anunció –dijeron– “que quedarían suspendidos los derechos estipulados en la Ley General de Víctimas”, entre los cuales están asesoría jurídica, forense, servicios médicos, pagos funerarios, traslados, alimentación y vivienda.
Asimismo, “han sido despedidas diversas personas dedicadas a las funciones de asesoría jurídica que conocía y coadyuvaban en nuestros casos”.
Acusan “terrorismo psicológico”
Respecto al comunicado, emitido el 2 de junio, donde Gómez Pérez advertía una “paralización” de la CEAV por el decreto presidencial de austeridad, lo refutaron al recordar que este ordenamiento exenta al programa prioritario de “Defensa de los Derechos Humanos”, por lo que cuestionaron las intenciones de la funcionaria.
Incluso relataron que, tras emitir el comunicado, los llamó a defender a la comisión diciéndoles que iba a cerrar, lo cual calificaron como “terrorismo psicológico”.
Además, acusaron que el discurso de la comisionada presidenta ha sido “insensible” y “ofensivo” hacia las víctimas, cuya situación ha llegado a comparar con “sacarse la lotería”.
Por lo anterior, urgieron a los senadores destituir a Mara Gómez Pérez como presidenta de la CEAV, pues consideraron que quien ostente ese cargo de tener respeto por sus derechos y dignidad.
