La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local aprobó suprimir el Organismo Público Descentralizado (OPD), Instituto Metropolitano de Planeación del Estado de Puebla (Imeplan), creado en 2017, durante la gestión de Antonio Gali Fayad.
El presidente del órgano legislativo, Nibardo Hernández Sánchez dio cuenta de la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, quien solicitó la extinción de dicho OPD, tras considerar que con las modificaciones efectuadas a la Ley Orgánica de la Secretaría del Medio Ambiente, este organismo amplía sus funciones en materia de planeación y estructuración de proyectos.
En el análisis y discusión de la propuesta, el diputado Raúl Espinosa Martínez defendió la permanencia de este organismo, tras advertir que juega un papel fundamental en la planeación, ordenamiento y desarrollo de la zona metropolitana, para un crecimiento ordenado para 38 municipios colindantes de la zona metropolitana del estado de Puebla y Tlaxcala.
Por su parte, la diputada Nora Merino Escamilla señaló que la propuesta está justificada tras reiterar que hay una duplicidad de funciones y que los recursos invertidos en este OPD se pueden utilizar en otros sectores para beneficio de los poblanos.
Era una carga económica: Romero
En tanto, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo argumentó que el Imeplan no cumplió con el cometido y significa una carga económica para el gobierno del estado, además de duplicar funciones con otros organismos.
Tras haber sido aprobado por mayoría, en sesión virtual, el dictamen fue turnado al pleno del la LX Legislatura para análisis, discusión y aprobación definitiva.
En otro momento de la sesión, los diputados aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por Iliana Paola García por el que se exhorta a los 217 ayuntamientos, para que los jueces del Registro Civil por Ministerio de Ley, se apeguen a las cantidades acordadas por el derecho de expedición de actas de nacimiento y certificados.
Espinosa Martínez lo consideró viable ya que argumentó que en algunos municipios, las autoridades cobran más de lo estipulado en la Ley de Ingresos.
