La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) alertó que, si la SHPC procede aplicarle el decreto de austeridad en el gobierno federal, paralizará sus funciones; la Segob aseguró que no se dejará de prestar apoyo a víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos.
Este martes, la CEAV publicó, en su página oficial, un pronunciamiento en el que sostiene que el impacto de dicho ordenamiento será “mayúsculo” en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del gobierno federal.
Y es que indicó que no es propietaria de ninguno de los inmuebles en los que opera y que gran parte del personal fue contratado “de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing”.
Además, enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios heredados por administraciones anteriores.
Advirtió que, pese argumentar que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó reducir 75 por ciento de su gasto corriente, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.
Lo anterior, “sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata”.
Dejaría de ayudar a víctimas y pagar servicios básicos
Expuso que el recorte del 75 por ciento del presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales, conllevaría consecuencias, como las siguientes:
- Un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing. Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación.
- No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.
- No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.
- El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.
- Se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
- El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda.
- Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
- El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV.
- Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).
- Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.
Segob asegura que no se dejará de atender a víctimas
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reiteraron el compromiso del presidente con los derechos humanos, los cuales son y serán una de las prioridades de este sexenio, como lo determina la fracción V, punto 38 del decreto por estableció las medidas de austeridad.
Por lo tanto, aseveraron que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación.