Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró que se rechazó la compra de 20 ventiladores que realizó el IMSS en Hidalgo, por “fallas y daños” en el equipo, y que la dependencia a su cargo investiga a los responsables.
Lo anterior, luego de que se difundiera la versión periodística de que dicho equipo fue comprado a presunto “sobreprecio” a Cyber Robotics, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y exgobernador de Puebla.
De acuerdo con la secretaria, a diferencia de lo que ocurría en administraciones pasadas, no se permitió que se consumara un daño al erario, pues “gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la Función Pública en esta gestión, se rechazó la compra”.
Refirió que al momento existen al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de carpetas de investigación contra funcionarios públicos y particulares.
Aseveró que la Función Pública, en uso pleno de sus facultades de verificación de las adquisiciones, continúa con las diligencias y procesos administrativos sancionadores para determinar quiénes fueron los responsables y culminar los procesos de sanción.
Expuso que los expedientes de investigación fueron abiertos desde el 1 de mayo; dijo que “vamos a un buen paso y pronto daremos conclusiones”, y agradeció a los medios de comunicación y a la ciudadanía por sus aportaciones. Asimismo, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el respaldo para sus tareas del combate a la corrupción y a la impunidad.
Señaló que respecto a los requerimientos que desde el inicio de las investigaciones se realizaron a las dependencias del Gobierno federal, ya han sido respondidos por el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria, la Delegación del IMSS en Hidalgo y la Administración General de Aduanas. Asimismo, se solicitó formalmente un requerimiento de información a la Unidad de Inteligencia Financiera, que está aún en tiempo para responder.
Sentenció que durante la actual emergencia sanitaria generada por el Covid-19, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales, y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación.
