A pesar del incremento de violencia familiar durante la cuarentena por Covid-19, el Poder Judicial de Puebla y otros 21 no dejaron personal para atender dichos hechos, por lo que en caso de ser necesario, no pueden emitir medidas de protección a mujeres y sus hijos.
Este personal se encargaría de dictar medidas precautorias que son parte de un proceso judicial como en los casos de divorcio, por ejemplo la llamada “separación cautelar de cónyuge”, donde una mujer puede solicitar al juez que ordene a éste salir del domicilio provisionalmente. Esto evita que la mujer sea víctima de agresión por parte de su pareja.
Así lo dio a conocer Equis Justicia para las Mujeres en su estudio “Desprotección judicial en tiempos del Covid-19 que calificó qué tanto protegen los Poderes Judiciales a la víctimas de violencia de género en el contexto de la emergencia sanitaria, en el cual el estado de Puebla reprobó con una calificación de 47.6 de 100 puntos a obtener.
En el ranking, Puebla se ubicó con en el lugar 13 y fue una de las 27 entidades federativas que reprobaron, aunque los peores resultados los obtuvieron Baja California y Guanajuato con cero, por el contrario los mejores puntajes los obtuvieron Querétaro (88.1), Nuevo León (80.7) y Colima 71.4.
Los criterios que se evaluaron en el estudio fueron órdenes de protección en materia familiar y penal, medidas precautorias en materia familiar, medidas de protección en materia penal, pensión alimenticia, centros de convivencia familiar, políticas laborales internas para responder a las necesidades del personal frente a la crisis sanitaria (protección a grupos vulnerables, personas con cargas de cuidado).
Del análisis se desprende que sólo cinco Poderes Judiciales obtuvieron un resultado arriba de 60 -siendo el puntaje máximo 100-. Esto es, 27 Poderes Judiciales locales están reprobados en lo que a garantizar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia se refiere.
Equis Justicia para las Mujeres indicó que las medidas de confinamiento establecidas para prevenir la propagación del coronavirus, aunque necesarias, incrementan el riesgo de las mujeres a ser víctimas de violencia, vulnerabilidad que se agrava por la suspensión de labores de los poderes judiciales, encargados de protegerlas.
