El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (Fpdtampt) exigió, por segunda vez, a la española Enagas, una reunión para pedir que desista al Proyecto Integral Morelos (PIM), pues el gasoducto significaría una violación grave a los derechos humanos.
La organización indicó que, el pasado 5 de marzo, la compañía de gas que obtuvo la concesión recibió una carta de denuncia en sus oficinas, y a través de medios digitales, donde se señalaba su responsabilidad en la violación de derechos humanos como el incumplimiento de la consulta previa, libre e informada y la omisión de las recomendaciones de las autoridades mexicanas para evitar el riesgo que tiene la obra por su proximidad al Popocatepetl.
También, le recalcaron los impactos ambientales en la construcción del gasoducto; la militarización de la obra y la criminalización de defensores del territorio que se oponen al proyecto; la realización de amenazas y el uso ilegal de firmas para legitimar el desarrollo de la obra.
Por todo ello, se exigía una reunión con la dirección de la empresa y la puesta en marcha de medidas para frenar la violación de los derechos humanos, como su retirada del proyecto, su renuncia a presentar litigios en tribunales de arbitraje internacional y la reparación del daño causado a las comunidades afectadas.
La respuesta que recibieron –indicaron—fue señalar que han dado cumplimiento al contrato para la construcción del gasoducto que tenían y que cualquier tipo de violación de derechos humanos que se ha cometido durante la obra es ajena a su responsabilidad.
“Enagas sí es responsable de violaciones a DH”
A pesar de estos argumentos, “que son los que suelen emplear las compañías transnacionales para desvincularse de los daños que causa por obras contratadas por el Estado y por sus filiales, la realidad es que sí tiene responsabilidad, pues la empresa no está tomando en cuenta el principio de debida diligencia que debe guardar en materia de derechos humanos”.
Recordó a la empresa española la queja que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son exigentes en materia de debida diligencia, de tal forma que la posición de contratista no exime a la firma del cumplimiento de los más altos estándares internacionales, más allá del mero cumplimiento de la legalidad en el país de destino.
Finalmente, indicaron que Enagas no puede desentenderse de su responsabilidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos que ha causado con el gasoducto que pretende operar en zona de peligro volcánico, por lo que resaltaron que insistirán en una reunión con la dirección de la compañía, una vez finalice la situación de emergencia por el Covid-19, su retirada del proyecto y la reparación del daño causado.
Cabe mencionar que en febrero, tras una consulta que no tuvo el visto bueno del Fpdtampt, la Federación dio a conocer que el proyecto continuaba, pues ganó el sí con 59.5 por ciento a favor, sin embargo, aún hay amparos interpuestos en al menos 11 comunidades donde pasa la infraestructura.
