La policía municipal de Puebla deberá asumir, por tiempo indefinido, las órdenes de quien el gobernador Miguel Barbosa Huerta designe para estar al frente de la seguridad pública en la capital, quien, se prevé, sea Carla Morales Aguilar.
Lo anterior quedó establecido en el decreto del titular del poder Ejecutivo emitido el martes pasado y publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), mismo que se basa en que hay una “grave alteración del orden público” en la Angelópolis.
En el documento se precisa que se asume la seguridad en todo el territorio municipal incluyendo sus juntas auxiliares, y durará el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la integridad de las personas, sus bienes y sus derechos.
Asimismo, señala que la necesidad de transmitir órdenes a los cuerpos de seguridad en el municipio se sustenta en el análisis del entorno y los riesgos en la materia, lo que permite concluir que la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas no se encuentran garantizados.
Además de que es innegable el contexto de inseguridad que se registra en las zonas de mercados, en donde la delincuencia común ha transitado hacia verdaderas organizaciones delincuenciales, dedicadas a la venta de drogas, cobro de piso a comerciantes y ambulantes, prostitución, robos, venta de productos robados, pornografía, entre otros ilícitos.
A esto se suma que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana (ENSU), Puebla se ubicó como la ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país con el 92.7 por ciento, seguido de Tapachula con el 92.1 por ciento, Ecatepec con el 92 por ciento, Uruapan con el 92 por ciento, Fresnillo con el 91.9 por ciento y Tlalnepantla con el 90.9 por ciento.
Incumplimiento incurriría responsabilidad penal
De igual forma, el documento hace énfasis en que el escenario de seguridad en el municipio de Puebla arroja la ausencia de control en las acciones en la materia, mismas que propiciaron un estado de descomposición que se traduce en una serie de actos de corrupción e impunidad vinculados a la corporación policial de la capital y una fuente del desorden social creciente.
Tras esto, en el decreto se determinó que la policía preventiva municipal acatará las órdenes que se le transmitan en cumplimiento, ya que, de no hacerlo, incurrirá en responsabilidad, que le será exigible según su naturaleza administrativa o penal.
Ordena a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que apoye en el ámbito de coordinación que le corresponde para cumplir con la obligación constitucional que tiene en la materia, genere de inmediato una actualización de la planeación para atender la situación y que implique el uso coordinado de los recursos de ambos niveles de gobierno.
