En el Congreso de Puebla se busca tipificar las burlas, agresiones y ridiculizaciones contra mujeres, así como obligarlas a renunciar a cargos o candidaturas, como violencia política de género, pues la actual ley no incluye una definición detallada de ese delito.
La iniciativa fue presentada por la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo, con el fin de que el artículo 21 Bis incluya una definición detallada de violencia contra mujeres en el ámbito político.
“La violencia política en razón de género: es toda acción u omisión, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización”, acotó la legisladora en su propuesta.
Actual definición del delito, incompleta
Y es que actualmente únicamente contempla como violencia política de género las acciones y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, “tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
Además, García Olmedo propuso agregar una fracción al artículo 21 Ter, para que la ridiculización, bromas hirientes, restringir el uso de la palabra, agredir verbalmente, descalificar las aportaciones de mujeres, hostigarlas, coaccionarlas, atacarlas física y psicológicamente, amenazarlas, intimidarlas, difamarlas, presionarlas u obligarlas a pedir licencia, separarse, renunciar a alguna candidatura o a su carga, sea considerado como violencia política de género.
También se adicionó que el artículo 31 incluya que tanto el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), el IEE y el INE puedan solicitar a autoridades competentes se otorguen las medidas necesarias, que ya están previstas, para mujeres víctimas de dicho delito.
Asimismo, la priista agregó el artículo 48 Bis, para que sea responsabilidad del Instituto Electoral del Estado (IEE), garantizar la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos de mujeres, así como difundir en medios de comunicación conductas, acciones y omisiones que conllevan a una persona a cometer dicho delito.
INE, IEE y TEEP, deben prevenir prácticas
De igual manera, deberá difundir maneras en que se pueden prevenir esas conductas, las formas en que se pueden denunciar, así como sensibilizar y concientizar sobre la erradicación de esas prácticas, para lo que también se requiere capacitar a su personal.
De esa manera, se promoverá la cultura de la no violencia, aunque también deberá de realizar dichas actividades durante precampañas y campañas electorales, así como en el resto del proceso. Además, acciones similares también se prevén para el TEEP.
García Olmedo también metió otra iniciativa, esta para reformar el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Puebla, que así como la anterior, incluye una definición detallada de violencia política de género.
Cumplir paridad de género en Cabildos y Congreso
Además, propuso adicionar a la fracción III un tercer párrafo, que incluye que se cumpla a cabalidad el principio de paridad de género para la postulación y registro de candidaturas a diputaciones del Congreso, cargos edilicios en plantillas del ayuntamiento.
Mientras que al artículo 4 se le agregó tomar en consideración que, durante campañas electorales, la propaganda para difundir a candidatos y para promover eventos, no deberá incluir ningún tipo de expresiones que “limiten, anulen o menoscaben los derechos político-electorales de las personas, así como realizar acciones u omisiones que generen cualquier tipo de violencia política en razón de género”.
Asimismo, la diputada priista incluyó en su iniciativa que también sea trabajo de los partidos políticos, así como de las autoridades, promover, respetar, proteger y garantizar la equidad de género, así como asegurar que reciban protección en caso de ser víctimas de violencia política de género en proceso preelectorales, electorales y postelectorales.