La reforma a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social contra el outsourcing ilegal, o subcontratación hecha por empresarios para evadir obligaciones con trabajadores, clasifica esta práctica como delincuencia organizada, con hasta 20 años de cárcel.
Así lo señaló este miércoles Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, donde remarcó que quienes incurren en este esquema buscan evadir cuotas de seguridad social, Infonavit y otras prestaciones del ley.
Por lo anterior, llamó a quienes lo siguen haciendo a que se acerquen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para regularizar su situación.
De lo contrario advirtió que una vez que entre en vigor la nueva legislación, la cual ya fue avalada en comisiones del Senado, quien contrate servicios con outsourcing ilegal puede ser sometido a proceso en prisión preventiva y obtener una condena de 14 a 20 años de cárcel.
Por parte, Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, refirió que un grupo de trabajo formado para combatir la “subcontratación abusiva” identificó, de septiembre a diciembre, mil 200 empresas con 860 mil trabajadores bajo dicho esquema ilegal.
En consecuencia, aseguró que “se están planteando nuevas acciones para empresas que estén de manera irregular para que nosotros podamos garantizar el cumplimiento de la ley y el resarcimiento de los derechos de los trabajadores”.
En tanto, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde Luján, detalló que 2019 cerró con cinco millones de trabajadores en outsourcing legal y seis mil empresas con subcontratación abusiva.
El outsourcing, según explicó, no es ilegal por sí mismo, sino que está regulado por la Ley Federal del Trabajo, a fin de que las empresas puedan contratar a otras, cuyos trabajadores realicen trabajo no propios de su sector, como limpieza, pero sin la intención de omitir el pago impuestos y prestaciones.
En cambio, explicó que quienes incurren en el outsourcing ilegal trasladan a su planta laboral a empresas intermediarias, pero con actos simulados, a fin de no evadir pago de prestaciones y seguridad social.
Por esta práctica, Hacienda deja de percibir alrededor de 21 mil millones de pesos anuales.