Todavía faltan cuatro miembros del gabinete de Barbosa; ha nombrado 15
Todavía faltan cuatro miembros del gabinete de Barbosa; ha nombrado 15. Foto: EsImagen
Todavía faltan cuatro miembros del gabinete de Barbosa; ha nombrado 15
Con reestructuración, pasan de 12 a 17 las secretarías; sin presupuesto extra. Foto: EsImagen

De 12 a 17 pasará el número se secretarías que tendrá el gabinete del gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta; la de la Función Pública (SFP)  suplirá a la Contraloría, se crea la de Igualdad Sustantiva y otras serán sectorizadas; habrá tres unidades administrativas.

Así lo señala la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública de Puebla presentada al Congreso local y que será votada en periodo extraordinario, pues Barbosa Huerta asumirá funciones el 1 de agosto.

Resalta que las secretarías tendrán igual rango y entre ellas no habrá preeminencia alguna.

En el artículo 31, se señala que, para el estudio y despacho de los negocios de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada del Estado, el gobernador se auxiliará de las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación, de Planeación y Finanzas, de Administración, de la Función Pública, de Trabajo, Economía, Cultura, Turismo, Desarrollo Rural, Infraestructura, de Movilidad y Transporte, de Salud, Educación, Bienestar, de Seguridad Pública (SSP); de Medio Ambiente, desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial así como la de Igualdad Sustantiva.

Para ello, de las 12 dependencias actuales se propone escindir: Administración y Finanzas; Turismo y Cultura; Infraestructura, Movilidad y Transporte; Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, las cuales ahora formarán secretarías separadas, a efecto de que potencien el sector al que se dedicarán de manera exclusiva, mientras que la de la Contraloría será suplida por la SFP.

Reestructuración de gabinete propone 17 secretarías, sin presupuesto extra

Contará con 3 unidades administrativas

Aunado a lo anterior, en esta propuesta se adscriben tres unidades administrativas como auxiliares directas del titular del Ejecutivo estatal, algo que en la actual ley no estaba aclarado, pues sólo se decía que contaba con una Oficina del Gobernador y una Consejería Jurídica.

Ambas se repiten; la primera se encargará de las relaciones institucionales, campañas de comunicación social, atención ciudadana, así como apoyo técnico, asesoría, atención de los asuntos de su competencia y aportará elementos para la toma de decisiones. El gobernador será quien designe al jefe de dicha oficina.

La segunda fungirá como el representante legal del gobernador y soporte técnico tanto del área contenciosa como del proceso legislativo y reglamentario, gestionará el cumplimiento de sentencias internacionales, así como vigilará lo relativo a las notarías públicas, al Registro Público de la Propiedad y de Catastro; en general, rubricará todos los documentos jurídicos que firme Barbosa Huerta.

Se suma la Secretaría Particular, que coordinará las relacionas públicas y agenda diaria del gobernador, asuntos nacionales e internacionales, el calendario de giras, el protocolo, el control de la documentación y, en general, le brindará el auxilio necesario para el desempeño de sus actividades cotidianas.

Administración con visión progresista

La iniciativa busca que se implementen mejores prácticas en gestión gubernamental y se basa en la restructura de la Administración Pública a través de una “visión progresista”, en la que el gobernador no está incluido, al contrario de la actual, ya que ésta lo auxilia en el ejercicio de sus funciones.

Por ello, se elimina la sectorización de organismos públicos descentralizados al gobernador y sus órganos auxiliares, por lo que sólo pueden estar sectorizados a las secretarías, y los que se quieran mantener deben ser trasladados a las unidades administrativas dependientes.

Aunado a ello, este nuevo diseño pretende realizarse con el mismo presupuesto con el que se cuenta, al hacer más eficiente el manejo del gasto público y maximizar las funciones de cada dependencia, evitando gastos excesivos.

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