La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública de Puebla, propuesta por Miguel Barbosa Huerta, sólamente dejará los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) que no estén vinculadas a secretarías, como Carreteras de Cuota Puebla y Ciudad Modelo, que ahora serán administrados por las secretarías.
Entre las demás se encuentran el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), DIF, Convenciones y Parques, Corporación Auxiliar de Policía y Protección Ciudadana, Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Puebla (Icatep), el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM).
Así como el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), Museos Puebla, Puebla Comunicaciones, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla (Cecap), y 28 universidades e institutos tecnológicos.
Por otra parte, el documento señala que el establecimiento y vigilancia de las notarías públicas no será más una obligación de la Secretaría General de Gobierno (SGG), sino de la Consejería Jurídica que además controlará el Archivo de Notarías del Estado y coordinará el ejercicio de las funciones de registro público de la propiedad y de catastro, que antes hacía Finanzas y Administración.
Atribuciones del jefe de oficina
Si bien la Oficina del Gobernador continúa (ahora como una de las unidades administrativas), se le asignarán al jefe más atribuciones como, entre otras cosas, coordinar las actividades del gabinete, dar seguimiento a los acuerdos tomados, así como al desarrollo de los programas federales e informar sus avances al mandatario, y establecer esquemas de colaboración para la elaboración y revisión de programas.
Además de definir instrumentos para el control de las políticas del gobierno y supervisar su aplicación, vigilar el cumplimiento de los proyectos estratégicos a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública y fungirá como titular de la unidad de transparencia del titular del Ejecutivo.
Es de resaltar que ahora todas las secretarías podrán emitir recomendaciones y no sólo Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, además de que los titulares de las dependencias y entidades (ODP, fideicomisos, comisiones y organismos públicos, entre otros) deberán inventariar sus bienes junto con la Secretaría de la Función Pública, tanto al tomar como al terminar su cargo.
Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o expedidos por el Congreso estatal, sólo se requerirá el refrendo del titular de la próxima Secretaría de Gobernación.
Aunado a ello, cada servidor público será responsable de observar los principios que rigen el servicio público e impedir que se extinga el ejercicio de un derecho adjetivo o sustantivo, causar daños o perjuicios a la hacienda pública o menoscabar del patrimonio propio del Estado.
En tanto, al contrario de lo que establece la ley actual, la Secretaría de Gobernación ya no fungirá como coordinador del gabinete, integrado por los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, pues todas las dependencias están al mismo nivel.
OPD eran cajas chicas: Biestro
En entrevista, Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que el punto de pasar las OPD a las secretarías es para que operen “bajo un estricto control administrativo”, pues funcionaban como “cajas chicas”.
Reiteró que ampliar el número de secretarías no genera un impacto en el presupuesto, ya que al desaparecer los organismos descentralizados “se acaba el esquema de negocio” y se tiene mayor control sobre las finanzas.
Adelantó que esta iniciativa presentada por Morena, PT, PES, CPP, PVEM y los cinco sin partido, podría ser dictaminada en comisiones la próxima semana, ya sea martes o miércoles, y que posteriormente el dictamen entrará en la Comisión Permanente para llamar a una sesión extraordinaria.
Explicó que el presupuesto de 2019 establecido para las dependencias actuales es tema de la próxima secretaría de Administración, que tendrá que modificarlo para que puedan funcionar sin que resulte más caro.
Por otra parte, dio a conocer que a partir de agosto o septiembre el Congreso local comenzará a analizar de manera “profunda” las necesidades del estado para conformar el presupuesto de 2020.
