Opositores a los proyectos de extracción de hidrocarburos a través de fractura hidráulica o “fracking” en la Sierra Norte de Puebla están en la lista de 368 personas encarceladas ilegalmente, quienes podrían ser liberadas por gestión del gobierno federal.
Así lo dio a conocer este martes la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, quien refirió que, a través de una Mesa de Reconciliación y Justicia, se revisa caso por caso y resaltó que ya fueron liberadas 16 personas, cuyos datos y situación jurídica se reservó.
En cuanto a los activistas poblanos, expuso que, en la mayoría, hay rezagos en la impartición de justicia y privación ilegal de la libertad, pues los jueces no tienen elementos para sentenciarlos.
“Tenemos ambientalistas que están privados de su libertad por haberse opuesto a las prácticas del fracking, estrictamente en la zona norte de Puebla”, comentó la funcionaria durante su intervención la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este sentido, indicó que la ruta jurídica para liberar a estos presos consiste en conseguir el desistimiento de la acción penal por parte de la parte agraviada, que este caso es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
No obstante, recordó que “cada caso es diferente”, pues hay personas que están presas por motín, por atentados contra las vías de comunicación e incluso a algunas se les han hecho montajes para imputarles secuestros o extorsiones, sin que haya elementos probatorios para que continúen en prisión.
De acuerdo con académicos y especialistas agrupados en la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), esta técnica de explotación del subsuelo es nociva para el ambiente y la salud humana, debido a la gran cantidad de agua que ocupa (de 9 a 29 millones de litros) y a los residuos tóxicos que produce (metanol, ácido fluorhídrico y plomo).
En Puebla, se estima la existencia de al menos 120 pozos de extracción de gas en 22 municipios de la Sierra Norte.
Amnistía vendrá hasta que haya ley
Ante la pregunta de la prensa sobre si estos casos son los primeros de la amnistía prometida desde la campaña de López Obrador por la Presidencia, la secretaría explicó que por el momento el gobierno sólo busca que la protesta social deje de ser criminalizada.
Indicó que, una vez que el Congreso apruebe una Ley de Amnistía, la Segob presentará al presidente una propuesta de presos a liberar, entre los cuales se encontrarían jóvenes presos por portar drogas y mujeres que sirvieron como mulas para el narcotráfico.
Respeto a los nombres y cargo de los 368 cargos, tampoco quiso dar detalles, aunque prometió reportar cuántos son hombres y cuántas, mujeres.
