Después de nueve meses de la muerte, tras ser atropellado, de Emmanuel Vara Zenteno, se ordenó la liberación de Julio N., el chofer responsable a quien la familia señaló como otra víctima de un sistema de transporte público fallido.
En un comunicado de prensa, los familiares de quien fue director de Gestión de Movilidad del ayuntamiento de Puebla recordaron que el 21 de noviembre de 2018 ocurrió el accidente vial de Vara Zenteno, quien circulaba en su bicicleta sobre la 11 Norte y 4 Poniente.
El 2 de julio del presente año, agregaron, se llevó la última audiencia sobre el caso y se cerró el caso por la celebración de un acuerdo reparatorio permitiendo la orden de liberación de Julio, como lo marcha el sistema penal acusatorio.
Sin embargo, enfatizaron que desde el día del hecho, sabían que metiendo a la cárcel al chofer de la unidad, la movilidad de Puebla no mejoraría, porque incluso el responsable es víctima del mal transporte que explota a trabajadores con jornadas “inhumanas”, mal servicio, nulas capacitaciones y tienen la obligación de cubrir una cuota monetaria que orilla a los chóferes a perseguirse para ganar pasaje.
Piden investigar a secretaria municipal
Indicaron que la aseguradora Afirme realizó la reparación del daño y, por otro lado, pidieron a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y a la Contraloría investigar el acoso laboral del que fue víctima Vara Zenteno por parte de la secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, quien dio un trato “inhumano” al exfuncionario en sus últimos días de vida.
Recalcaron que esto no tuvo nada que ver con su atropellamiento, pues la situación con los trabajadores están “igual o peor” e incluso mencionaron que hay siete renuncias de su equipo.
“Recibiremos justicia el día que el sistema hombre-camión acabe y en el estado se mejoren las condiciones de la principal forma de movilidad: el transporte público”, escribieron.
Finalmente, pidieron al gobernador Miguel Barbosa Huerta y, al secretario de Movilidad y Transportes, Guillermo Aréchiga Santamaría, comprometerse con la agenda de seguridad vial, mantener el sistema de fotomultas y, a preparar un presupuesto de obra pública acorde a la ley.
