Como el Congreso local sólo aprobó 16 millones 653 mil 254 pesos al Itaipue, el organismo se vio obligado a hacer un recorte de ocho personas, además de que suspenderá las capacitaciones a los sujetos obligados al interior del estado.
Así lo señaló, en entrevista al término de la primera sesión ordinaria, la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), Laura Marcela Carcaño Ruiz, quien recriminó a los diputados por los recursos que etiquetaron.
Y es que, recordó, en la solicitud que hicieron en diciembre pasado propusieron 22 millones 550 mil 823, debido a que en 2018 tuvieron que pedir una ampliación, por lo que se basaron en ese presupuesto, sin embargo no se lo avalaron en la Ley de Egresos de este año y les asignaron una bolsa 26.1 por ciento menor a la que pidieron.
Manifestó que el instituto desde el año pasado se ubicó como el segundo con menores recursos a nivel nacional y para este 2019 seguirá igual, por lo que tendrán que seguir brindando el servicio pero con más limitaciones.
Capacitaciones serán en el instituto
La comisionada comentó que la idea era contratar a más personal debido a que se vienen los periodos de verificación de los sujetos obligados, así como las notificaciones, pero con el recorte tendrán más carga de trabajo, al tiempo de recordar que en 2018 en ocasiones iban hasta los sábados.
Agregó que las capacitaciones ahora tendrán que ser en el instituto, ya que no podrán salir a los municipios, pues no tendrán los viáticos para hacerlo, lo cual igual afectará en su momento para que los sujetos obligados que sigan teniendo problemas al subir información, se atrasen.
Ante esto, Carcaño Ruiz manifestó que “ojalá” no haya más recortes, ya que con el presupuesto que les aprobaron “apenas” les alcanza, por lo que no descartó que pudieran pedir una ampliación, en caso de que sea necesario, ya que “toda nuestra labor está justificada”.
Por otra parte, la presidenta del Itaipue mencionó que el 31 de enero vencerá el plazo para que los sujetos obligados, toda dependencia y organismo que recibe recursos públicos, publiquen la información del cuarto trimestre del 2018, incluidos los ayuntamientos en los que hubo cambios de administración.
Esto porque a partir del 1 de febrero se iniciará con la verificación y en caso de que haya alguno que no lo haya hecho será acreedor a un procedimiento de sanción que va de los 11 mil hasta los 120 mil pesos.
