Los 93 asesores jurídicos y defensores públicos en Puebla deben atender en promedio a 66 mil ciudadanos cada uno, lo que representó una tasa de 1.5 servidores por cada 100 mil habitantes, la segunda cifra más baja del país; aproximadamente reciben un nuevo caso cada tres días.
Dicho servicio es gratuito y va dirigido a las personas que enfrentan un proceso penal y cuya situación económica no les permite solventarlo.
De acuerdo con la investigación “La defensoría pública en México. El acceso a la justicia de los desposeídos”, elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la entidad existen 93 asesores jurídicos y defensores públicos, según datos actualizados hasta abril de 2019.
La población en el estado supera los 6 millones de habitantes, por lo que en promedio cada defensor público prestaría sus servicios a más de 66 mil ciudadanos.
En el país, la tasa fue de 4.5 defensores públicos por cada 100 mil mexicanos, 19 entidades estuvieron por debajo de la media –entre ellas Puebla—.
Por el contrario, los estados que rebasaron el promedio fueron Colima (8.86), Baja California Sur (8.43), Ciudad de México (7.5), Campeche (6.78), Baja California (6.06), Yucatán (5.91), Nayarit (5.67), Nuevo León (5.59), Tabasco (5.55), Chihuahua (5.31), Guanajuato (5.18), Sinaloa (5.12) y Oaxaca (4.56).
Sobrecarga de trabajo y escasa defensa
El estudio señaló que las condiciones antes señaladas implican que en el país, los defensores públicos y los asesores jurídicos estarían recibiendo un nuevo asunto aproximadamente cada 3.8 días, por lo que se debería contar con más personal para evitar esta sobrecarga y que de tal forma se puedan garantizar adecuadamente estos derechos a la población.
Lo anterior atenta contra la propia esencia del Estado mexicano puesto que una Democracia Constitucional que no asegura que las personas tengan acceso a sus derechos, no es un auténtico Estado de Derecho.
A nivel nacional, el análisis indicó que de los 4 mil 395 profesionistas del derecho en las defensorías públicas locales: 4 mil 141 están especializados en derecho penal (el 94.2 por ciento del total), mientras que los 254 restantes son asesores jurídicos (5.8 por ciento); o sea, especialistas en materias diversas de la penal.
La profesionalización de la defensoría
Otro tema que aborda el estudio es la capacitación y profesionalización del personal de los organismos defensores de las entidades locales, pues el análisis señaló que del universo de 4 mil 395 defensores y asesores existe uno que no cuenta con el grado escolar mínimo obligatorio por ley, ya que sólo tiene la preparatoria, aunque no se detalló en qué estado se ubicó dicha situación.
Según MCCI, a pesar de ser un caso aislado, esto no debería suceder bajo ninguna circunstancia y añadió que de los 4 mil 141 defensores públicos, el último grado de estudios del 86 por ciento fue la licenciatura, un 13 por ciento tiene maestría y apenas el 1 por ciento cuenta con doctorado.
