Un tribunal federal negó amparar a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, contra la solicitud de trasparentar las investigaciones sobre sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos, por lo que la FGR deberá emitir una versión pública del caso.
Aunado a este nuevo revés jurídico, el titular de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reveló que tiene información de que “Lozoya” cobraba a empresarios de 50 mil a un millón de pesos por cita para negociar contratos con Pemex, se llegara a un acuerdo o no.
De acuerdo con el sitio Animal Político, desde 2018, los abogados de Lozoya Austin, quien fue parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, interpusieron una demanda de amparo contra la resolución del INAI que ordenaba a la Procuraduría General de la República (PGR), ahora FGR, publica una versión de sus pesquisas sobre la supuesta trama Odebrecht-Pemex.
Pero Lozoya, no sólo buscaba que permanecieran clasificados sus datos personales, como presunto implicado, sino una suspensión definitiva contra la publicación de dos carpetas de investigación.
Ante estos alegatos, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó, por unanimidad, que en caso de corrupción se hace excepción a la confidencialidad de las carpetas de investigación, pues el interés individual “se ve superado por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo”.
No obstante, pese a esta resolución y a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha ordenado varias veces a la FGR que publique las carpetas de investigación, este organismo se niega alegando que no tiene facultades para ello.
Asimismo, Animal Político refiere que la sentencia del tribunal colegiado se refiere sólo a la suspensión definitiva pedida por Lozoya Austin, pero el fondo del asunto, es decir, la concesión o no del amparo se tiene que resolver en una audiencia constitucional.
