La estrategia del gobierno federal contra el huachicol resultó en la vinculación a proceso de 165 personas y 11 sentencias condenatorias, así como en investigaciones a 42 personas morales y empresas por irregularidades fiscales de 6 mil millones de pesos.
Así lo reportó este jueves Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que el mensaje que la administración federal quiere enviar es “acabó la impunidad”, acompañado de Roberto Ochoa Romero, subprocurador de la PGR, y Santiago Nieto Castillo, titular de Inteligencia Financiera de Hacienda.
En este sentido, Ochoa Romero refirió que del 1 de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2019, se han recuperado cerca de 4 millones de litros de hidrocarburo, 32 pipas, 41 remolques y 19 inmuebles.
Respecto a los investigados por actividades relacionadas con el comercio de combustible robado, Durazo Montaño detalló que se han presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público Federal, las cuales involucran a 15 personas morales cuyas cuentas han sido bloqueadas.
El mensaje para quienes se dedican al huachicoleo es muy claro: se acabó la impunidad. #RecuperemosLoNuestro #SSPC pic.twitter.com/57Fj2sgmDZ
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 18, 2019
A estas, se suman bloqueos a cuentas de 13 franquiciatarias de Pemex, las cuales no le compran combustible a la paraestatal ni tienen permiso de importarlo, pero sí reportan venta, así como a 14 empresas por operaciones relevantes, de más de 10 mil dólares, o inusuales, que no corresponden a lo que venden.
Sobre este último tipo de irregularidades, Nieto Catillo se refirió a los casos de 9 empresas gasolineras que reportaron vender más de lo que le compraron a Pemex, con ganancias irregulares por hasta 26 millones de pesos.
Cabe mencionar que, en el marco de este evento, Durazo Montaño llamó a la Cámara de Diputados a “que saque adelante con la mayor celeridad los cambios al artículo 19 constitucional”, a fin de tipificar el robo de combustible como delito que amerita prisión preventiva.
No obstante, esto no pasará antes del 5 de febrero, cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, pues la Cámara Baja congeló la discusión de las reformas por falta de acuerdos entre grupos parlamentarios.
Editada por Luis Alberto Palacios
