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RMV ofreció acabar con las universidades patito, y otorgó más RVOES que ningún otro gobierno

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que una de las mayores críticas que en materia educativa hizo el gobierno de Rafael Moreno Valle a sus antecesores, sobre todo a la administración de Mario Marín Torres, fue el otorgamiento discrecional —y sin controles de calidad— de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de tipo Superior (Rvoes) a instituciones o universidades denominados patito.

Tan grave era el problema que Moreno Valle instruyó a su secretario de Educación, Luis Maldonado Venegas, a no autorizar nuevos RVOES hasta que las universidades e instituciones de educación superior se certificaran y acreditaran sus programas de estudios, y promulgó una Ley de Educación Superior del Estado de Puebla que entró en vigor en agosto de 2012.

Dicha legislación establece que la calidad de las instituciones de educación superior (IES) estará sujeta a verificaciones y valoraciones realizadas por organismos evaluadores, acreditadores y/o certificadores, públicos o privados, nacionales o extranjeros, reconocidos por la Autoridad Educativa o la Autoridad Educativa Federal.

También estipula que la calidad de los programas educativos que éstas ofrecen tendría que ser dictaminada por instancias como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); y por organismos acreditadores reconocidos por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior de Puebla (COEPES).

Dicha legislación es letra muerta.

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La mañanera de AMLO en Puebla y el informe del rector de la BUAP

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que la visita que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador a tierras poblanas esta semana canceló la posibilidad de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta asistiera al informe de actividades del rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, que se realizará el viernes a las 10:00 horas en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

López Obrador estará en Puebla viernes y sábado y junto con él andará Barbosa Huerta en calidad de anfitrión.

Hasta ayer por la tarde en la oficina del gobernador no se contaba con el itinerario detallado de la gira presidencial de dos días por suelo poblano, sin embargo, se sabía que el huésped de Palacio Nacional tenía previsto llevar a cabo su ya tradicional conferencia de prensa mañanera en esta entidad, el viernes, en punto de las 07:00 horas.

De confirmarse esta información, el presidente pasaría la noche en Puebla el jueves y tendría su primer acto oficial muy temprano al siguiente día, lo que dejaría a Barbosa sin oportunidad para asistir al informe de Esparza Ortiz, en el supuesto caso de que en algún momento hubiese considerado presentarse.

Los colaboradores de Barbosa no han informado a la oficina del rector si podrá ir o no al evento público anual que se celebra en el CCU, pero allá en la sede universitaria ya consideran que no podrá acudir y que en su lugar mandará a un representante, quizá al titular de la Secretaría de Educación Pública y presidente municipal de Izúcar de Matamoros con licencia, Melitón Lozano Pérez.

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Lopezobradorear, la fiebre que contagia a Puebla

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que nadie lo duda. Los moches fueron otro de los muchos agravios que la administración de Rafael Moreno Valle enquistó en las dependencias oficiales. En Intolerancia Diario lo dijimos hasta el cansancio, le dimos voz a quienes nos mostraron grabaciones, comprobantes e incluso —en su momento—, buscamos por transparencia los datos que ayudaran a corroborar las malas prácticas de ese gobierno.

Sin embargo, el gobierno actual comenzó a caer en una insana declaracionitis donde culpar a los gobiernos anteriores parece ser el deporte favorito.

Este fin de semana, la secretaria de Bienestar Social, Lizeth Sánchez señaló al aire que durante las administraciones anteriores se solicitaban moches para la entrega de apoyos sociales como tinacos, láminas, computadoras, calentadores, fertilizantes y otros más.

Claro que hubo moches, los poblanos no dudamos ni por un instante que los hubo, pero ya es hora de que el gobierno comience a actuar, que nos presente las denuncias interpuestas, nos revele —con las debidas reservas—, los montos del daño patrimonial, los nombres de los implicados, el avance de las investigaciones y claro, las inhabilitaciones y sanciones, administrativas y penales que resulten de un verdadero combate a la corrupción.

Hoy a nivel nacional, estatal y local; los representantes de Juntos Haremos Historia son gobierno. Los tiempos de ser oposición y realizar campaña concluyeron. Hoy ellos son El Estado, El Gobierno. La declaracionitis y las frases mediáticas ya no pueden ser parte del esquema de gobierno, precisamente por ello ya no alcanza que nos vengan a decir que en otras administraciones predominó la opacidad y se cometieron cientos de irregularidades.

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Berlanga protegió a sus “amigos” de gobiernos anteriores y cayó de la SFP

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la decisión de remover a Karen Berlanga Valdés como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se tomó a finales del primer mes del actual gobierno estatal –es decir en agosto—, una vez que se comprobó su resistencia a investigar anomalías cometidas en el gobierno interino que encabezó Guillermo Pacheco Pulido y que apenas duró seis meses. En ese corto periodo se encontraron irregularidades en el pago de nóminas, numerosos contratos y cobros de “moches” de exfuncionarios públicos.

Una fuente de muy alto nivel definió a Karen Berlanga de esta manera: “Es una mujer que hizo muchos amigos en las pasadas administraciones y no quiere afectar a ninguna de esas amistades”.

Efectivamente, se dice que esta mujer entendió mal su cargo, pensó que encabezar la SFP no era para perseguir los abusos del pasado, sino para brindar impunidad a quienes convivieron con ella entre los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y de Guillermo Pacheco Pulido.

En los asuntos en que parece que esta mujer no estuvo a la altura de las circunstancias son los siguientes:

Se descubrió que en algunas áreas de gobierno había dobles nóminas, una que era de los trabajadores reales y otra, de empleados ficticios, cuyos pagos paraban en las mismas cuentas bancarias que se llenaban con recursos absorbidos por largas listas de “aviadores” que fueron incorporados en el gobierno interino.

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Caballos, yeguas y bueyes a la alcaldía

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que en los distintos cuarteles partidistas comienzan las valoraciones de perfiles para la elección intermedia, donde se juega la mayoría legislativa, alcaldías y, sobre todo, la joya de la corona: la Presidencia Municipal de Puebla.

En el PRI, le adelanté el nombre que se baraja como la carta fuerte, Melquiades Morales Flores, ex gobernador de Puebla.

En el PAN, existen tres perfiles definidos: Eduardo Rivera Pérez, ex alcalde; Jorge Aguilar Chedraui, ex secretario de Salud en el morenovallismo; y Blanca Jiménez Castillo, ex diputada federal.

La cuota de género seguro pesará, pero Aguilar Chedraui aventaja con el control del comité directivo municipal panista con su operador, Jesús Zaldívar.

En Movimiento Ciudadano, partido en el que se aglutinarán Sumemos y Futuro 21 (ex PRD), la carta ya está apartada por Enrique Cárdenas, ex rector de la UDLA y ex candidato a la gubernatura de Puebla. El PAN no va a jalar con él.

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Puebla, medieval

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el congreso local ha decidido aplazar, como lo viene haciendo desde hace varios años, la discusión sobre modificaciones de ley que despenalicen la interrupción del embarazo.

Nuevamente, criterios de moral privada se convierten en leyes de observancia obligatoria para todos, independientemente de principios, credos e ideologías.

La doble moral y la hipocresía, tienden otra vez un velo que impide que el asunto se analice como un problema de salud pública, al margen de sesgadas y ambiguas visiones moralistas o de carácter religioso.

Según cifras de la encuesta del INEGI sobre mortalidad fetal, tan solo en el 2017, se registraron en el estado 1,485 casos, el cuarto mayor número en todo el país.

Esta realidad, por sí sola, debería de ser suficiente para generar, desde el legislativo, un debate inteligente de ideas que permita ajustar la norma vigente a la situación actual.

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Un rector se asoma al paredón

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que Alfonso Esparza Ortiz llega al Segundo Informe —de su segundo periodo como rector de la BUAP— en doble situación inédita, no enfrentada previamente por ningún otro rector de esta etapa moderna. Por una parte se encuentra denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por desviación de recursos públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, más lo que se acumule. Gravísimo.

Segunda, protagoniza un franco enfrentamiento con el gobernador Luis Miguel Barbosa. Desde que ganó el morenista el 1 de junio no han tenido ningún encuentro, ni público ni privado. Hace un par de semanas, incluso, tuvieron un choque dialéctico en el que el gobernador lo invitó a acudir a las Jornadas de Atención Ciudadana. Después de eso, montado en el potro de la soberbia, el rector de la BUAP no ha hecho un mínimo esfuerzo por entenderse con el gobernador. Ni lo ve ni lo oye. Cree que no lo necesita o que él mismo es una ínsula.

Tan mala es una noticia como la otra.

La denuncia presentada por Garden Teas y Mario Mendívil ante la FGE lo llevaría ser el primer rector de la Autónoma de Puebla, desde Samuel Malpica, en enfrentar a la justicia. La acusación es muy concreta: la desviación de recursos públicos por 466 millones de pesos entre 2013 y 2017 para destinarlos a Lobos BUAP AC, lo que se traduce en peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita al nunca haber sido aprobados en su momento por el Consejo Universitario.

Es decir, la BUAP financió con recursos públicos la aventura del futbol profesional pese a la promesa de Esparza de no hacerlo. Y lo hizo con una jugosa cantidad: 466 millones de pesos salidos de cuentas de la BUAP con los que se financió la actividad del equipo que dirigía deportivamente su hija Luza, mientras un grupo de empresarios servían de fachada mediante un Patronato que no recaudaba nada y solamente gastaba.

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