El asesor “externo” del canciller
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que viaja siempre junto al canciller Marcelo Ebrard Casaubon, lo mismo a misiones diplomáticas oficiales en otros países, que, a eventos oficiales dentro de la República, como una especie de “asesor externo”. Se encarga igual de contratar servicios para eventos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pagados con recursos públicos, como catering y transportación local, que, de la logística de reuniones importantes, tal como lo hizo en el reciente US México CEO Dialogue en Mérida, el 12 de abril pasado, o en el encuentro de los alcaldes de Norteamérica que tuvo lugar en Los Cabos del pasado 6 al 8 de junio, ambos encuentros a los que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se llama Javier López Casarín y aunque oficialmente no tiene un cargo ni aparece en el directorio o en la nómina de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni tampoco en el del Gobierno Federal, le fue expedido un Pasaporte Diplomático a su nombre “López Casarín Javier Joaquín”, en el que se ostenta como “Director General de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, un cargo que no existe en la estructura ni el organigrama de esa dependencia federal. El número de dicho Pasaporte Diplomático es D00058887, y fue expedido el 17 de enero de 2019, con vigencia de un año, por lo que caduca hasta el 17 de enero de 2020, y está firmado por el Director General de Delegaciones, Carlos Alfonso Candelaria López.
Públicamente Javier López Casarín se ostenta en entrevistas con medios y en sus perfiles de redes sociales como “Innovador, Empresario y Emprendedor Social” y también como Presidente de la Fundación “Reinventando a México” y nunca menciona ser funcionario de Relaciones Exteriores. Se define él mismo como “Luchador social incansable, de pensamiento claro y firme” y se dice a favor de promover la “innovación en México”, materia sobre la que incluso ha publicado un libro titulado Innovación, una actitud, publicado por Editorial Miguel Ángel Porrúa, en el que propone “atreverse a hacer las cosas de manera distinta… abandonar la inseguridad y dar un paso a la curiosidad, al riesgo; y dejar de lado el conformismo en el que nuestra sociedad se ha estancado”.
El Reglamento de Pasaportes vigente, señala que el Pasaporte Diplomático sólo los otorga y refrenda la SRE al Presidente de la República y a los ex presidentes; presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores; gobernadores de los estados, ministros de la Corte, secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo, jefe del Departamento del Distrito Federal (hoy jefe de Gobierno de la CDMX), procurador general de la República (hoy Fiscal General) procurador general de Justicia capitalino, secretarios particular y privado del Presidente y jefe del Estado Mayor Presidencial, subsecretarios de Estado, subprocuradores de las Procuradurías de la República y de la CDMX, secretarios generales de departamentos administrativos. También podrán acceder a él: miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM), funcionarios administrativos del SEM, para comisiones que lo requieran; personal asimilado al SEM, en comisión en el extranjero; cónyuge e hijos menores de edad de las personas mencionadas, cónyuge e hijos menores de 18 años y hasta 25 años, si son solteros, así como a hijos incapacitados independientemente de su edad y a dependientes económicos, siempre que no sean residentes permanentes del Estado receptor.
A pesar de que no ocupa ninguno de los puestos mencionados, López Casarín viaja con su Pasaporte Diplomático y ha acompañado al titular de la SRE en viajes oficiales. Se le vio junto a Marcelo Ebrard en Nueva York, el 21 de enero pasado, cuando el canciller viajó como parte de la comitiva enviada por el presidente López Obrador para comprar las 571 pipas que el gobierno de México adquirió para transportar gasolinas a todo el país, durante la crisis de los gasoductos. Según testimonios de funcionarios que estuvieron en Nueva York, Javier López acompañó a Ebrard en reuniones con las secretarias de Economía, Graciela Márquez, de Función Pública, Irma Sandoval y la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro. Incluso, como Buenrostro no dejó decidir al canciller sobre la compra, éste se regresó a México, pero dejó a Casarín para que le informara de la compra.
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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. “Ley Bonilla”. Van saliendo los trapos sucios de la “Ley Bonilla”. La extensión de mandato de dos a cinco años para Jaime Bonilla, candidato electo a gobernador de Baja California. Jaime Martínez Veloz, excandidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República (FGR) “para que se investiguen posibles sobornos a los diputados que la avalaron”. Es necesario que también se investigue el nombramiento del titular de la Auditoría Superior del estado en la misma sesión extraordinaria en la que se aprobó la “reforma bonillista”, dijeron los denunciantes. Disolución de poderes, desafuero y ahora un delito. Qué caro les salió.
2. Consecuencias. A raíz de la administración poco exitosa de Martín Orozco Sandoval como gobernador de Aguascalientes, su figura se resquebraja no sólo ante los hidrocálidos, sino también ante sus propios correligionarios. A decir del diputado panista Enrique García López, la figura de Tere Jiménez Esquivel ya debería ser considerada como de líder moral del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado y que el gobernador Orozco Sandoval debería reconocer que ya no tiene ese liderazgo moral bajo el brazo. Peor que eso es la acusación de que su gobierno incurrió en un probable daño a la hacienda pública federal por más de 91 millones de pesos. En investigación y con popularidad a la baja. Mal y de malas.
3. Reloj en mano. En las primeras semanas de septiembre, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) priorizará la aprobación del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y de la Ley de Austeridad, afirmó Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Destacó que “es la estrategia del Presidente de la República para ofrecer, por primera vez en la historia del país, acceso universal a los servicios de salud”. Bienaventurados los ojos que seguirán de cerca este milagro médico: sin cuadros limitados de medicinas. El sistema público de salud, que muchos piensan desahuciado, emergerá de las cenizas. ¿Debemos creerlo? Por el bien del país, que así sea.
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Pa qué pelearse si Jalisco nunca pierde…
La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que pues las dos opciones del nuevo superdelegado de AMLO en Jalisco parecen aceptar aquella máxima jorgenegretista y, en lugar de una mala pelea, se opta por un buen acuerdo. Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Checo Pérez, y Gilberto Parra Rodríguez, activista promigrantes, tienen perfiles muy distintos, pero ambos pueden tender los ansiados puentes con Alfaro.
Y la Presidencia los necesita porque no debe olvidarse, a mitad del escándalo en torno al saliente Carlos Lomelí, que Jalisco y su gobernador no le dieron el visto bueno a dos centralizaciones extremas que se propone: la de los sistemas educativo y el de salud. Ni Pérez ni Parra irían por la pelea, sino por la distensión.
Así que, para seguir con los cambios que resultan vitales para el proyecto 4T, todo apunta a que Lomelí no designará sucesor, y Alfaro tendrá la señal de buena voluntad que ha estado pidiendo desde el 1 de diciembre.
Advertencia marcial
La advertencia viene de un general que tiene en alta estima a la tropa y piensa en que no vale la pena arriesgarla un escándalo. Y lo dice porque le toco enterarse de manotazos en el Campo Marte entre los soldados convertidos en Guardia Nacional y los policías federales que habían aceptado la transferencia.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que hace unos días el gobierno federal envió un mensaje positivo a la IP tras la intervención de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Ricardo Peralta en el conflicto entre comunidades y la empresa Newmont Goldcorp, propietaria de la mina Peñasquito, en Zacatecas, que produce 7 mil mdp al año en oro.
Y es que luego de 78 días de bloqueo, con pérdidas diarias de 950 mdp, además del entorno de incertidumbre que empresarios han manifestado sentir, derivado de diversas decisiones políticas, la mediación se lee como una señal para mostrar a México como un país que respeta el estado de derecho y la inversión privada.
Asimismo, una comisión de Segob verificará cada semana que se cumpla ciento por ciento lo pactado entre la minera y las comunidades. Enhorabuena.
QUE hoy a las 11 de la mañana, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte por la ampliación de la gubernatura de Baja California de dos a cinco años aprobada recientemente, con lo que tomará el liderazgo para representar a las diversas voces que han calificado este acto de aberrante.
QUE la Secretaría de Hacienda canceló la Comisión Reguladora de Precios, órgano dependiente de la Secretaría de Salud que establecía mecanismos de control y reducción de importes para medicamentos de patente.
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