Por Carlos Ramírez
El crecimiento anual de la economía no se puede asumir por expectativas irracionales, sino por expectativas racionales. El PIB de 2019 podría ser de 1.2 por ciento o menos y el del 2020 de 1.8 o menos, lo que daría un promedio en los dos primeros años del sexenio de 1.5 por ciento o menos. Y faltaría el efecto aranceles de Trump.
Los primeros avisos ya llegaron: el Inegi informó que el PIB del primer trimestre de 2019 tuvo una baja de -0.2 por ciento con respecto al cuarto trimestre de 2018. Son cifras oficiales que se derivan de las contabilidades nacionales; no son expectativas, sino realidades. Y el Banxico ubicó el PIB en 0.8-1.8 por ciento, contra la meta oficial de 2 por ciento.
La clave para entender el escenario del PIB a la baja se encuentra en los componentes de la llamada demanda agregada como datos de comportamientos del mercado interno. Son los indicios de las variables que impactan en el PIB. Y de acuerdo con el Inegi, los datos de la desaceleración –hasta ahora– venían de finales del año anterior por el cambio de gobierno, pero se agudizaron en el inicio del nuevo gobierno por los recortes presupuestales, reasignaciones de gasto que no influyen en las variables que dinamizan el mercado interno y baja recaudación.
El consumo privado en el cuarto trimestre fue de -0.3 por ciento y el consumo de gobierno de 0 por ciento, lo cual revela que el mercado interno no está activando la economía; y el consumo de gobierno han caído a cifras negativas y la inversión nominal fue disminuyendo paulatinamente en todo el año pasado. Por lo tanto, las expectativas del PIB del periodo 2019 y 2020 serán bajas y no cumplirán la meta gubernamental de 4 por ciento promedio anual sexenal, con 6 por ciento hacia 2024.
Las metas gubernamentales son ideales, es decir, sólo indicativas; en los hechos, tienen que pasar por su interrelación con otras variables. Y ahí se encuentran las anclas que han detenido el crecimiento económico. Las reformas estructurales de De la Madrid, Salinas y Calderón disminuyeron un poco los controles, pero se limitaron a no perder el control de la economía por el Estado.
De ahí el hecho de que la economía mexicana actual –e involucra el periodo de arranque de López Obrador– no puede crecer más de 2.5 por ciento sin generar presiones inflacionarias arriba de 4 por ciento, por la razón de que las regulaciones del Estado y el control de estructuras de producción no permiten una economía real de mercado.
La meta anual sexenal de 4 por ciento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, llegando a 6 por ciento en 2024 es sencillamente imposible de lograr sin llevar la inflación a cifras de dos dígitos y convirtiendo la inflación casi en automático en devaluación. La única forma de conseguir tasas de PIB arriba de 4 por ciento sin inflación estaría en una gran reforma productiva con el retiro del Estado de regulaciones que significan cuellos de botella y de hecho con la última fase de privatizaciones: Pemex y CFE.
El Tratado de Comercio Libre fue la gran oportunidad para resolver las limitaciones del populismo y potenciar el libre mercado, pero la estrategia de Salinas de Gortari se agotó en la apertura comercial indiscriminada y sin un plan de reconversión industrial de la planta nacional. Por eso el TCL destruyó cadenas productivas nacionales y sólo benefició a las transnacionales. De ahí el fracaso social del Tratado: el comercio exterior se multiplicó por 10, pero el componente nacional en las exportaciones telecianas bajó de 57 por ciento en 1993 a 39 por ciento en 2017, de acuerdo con un minucioso estudio estadístico de Arnulfo R. Gómez.
La aprobación de una fase 2 del TCL que está deseando el gobierno de López Obrador y que está regateando el gobierno de Trump no beneficiará en nada la producción nacional si no se da una gran reforma de instituciones para aumentar el nivel mexicano de competitividad. De acuerdo con una gráfica del especialista Arnulfo R. Gómez, México cayó del nivel 34 de competitividad mundial en el 2001 al lugar 51 en 2017.
El nivel de competitividad revela las posibilidades de una economía para generar actividad en la competencia mundial. De los 126 elemento que miden la competitividad, de acuerdo con el análisis de Gómez, México sólo tiene 18 positivos y 108 totalmente negativos. En instituciones públicas se desmoronó del lugar 56 en 2001 al 123 en 2017, en confianza en las autoridades y políticos bajó del 94 al 127 y en trámites y regulaciones sigue en un nada funcional lugar 120.
Las metas del PND son, en este contexto, teóricas. México sí podría dar el salto industrializador, pero tendría que llevar a la economía productiva a una liberalización casi total en la que el gobierno sea mero administrador del mercado, con tareas reguladoras menores. Hasta ahora, ninguna economía populista ha salido del hoyo recesivo ni se ha destacado en el largo plazo.
Sin una gran reforma productiva que eleve la calidad de la competitividad, las expectativas de crecimiento del gobierno de López Obrador serán bajas, por más que se canse el ganso.
CNDH. Lo que faltaba: a la CNDH no le hace caso ni el presidente de la república.
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