Las obligaciones de pago de largo plazo que enfrenta el gobierno del estado ascienden a 39 mil millones 514 pesos, por subsidios a la RUTA, Audi y las Asociaciones Público Privadas (APP), como el Museo Internacional del Barroco (MIB) y las plataformas automotriz.
Así lo reconoció la administración de Miguel Barbosa Huerta en su primer informe de gobierno que envió al Congreso, a través del secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez.
Como parte de las obligaciones financieras, se señala que la actual administración, que inició el 1 de agosto, ha evitado la contratación de deuda pública, además de que ha cumplido con el pago de servicios de sus obligaciones directas.
Para ello, menciona, destinó 239 millones 84 mil pesos, de los que 20.46 por ciento corresponde al pago de capital y el 79.54 por ciento, a los intereses; así, la deuda directa disminuyó 3.8 por ciento en términos reales.
Al 30 de noviembre de 2019, el saldo de la deuda pública de Puebla se integra por 5 mil 161 millones 997 mil pesos de deuda directa, mil 516 millones 630 mil pesos de la avalada o contingente y 249 millones 790 mil de la que sin aval ni garantía estatal.
Resaltó que en la deuda contingente se conforma “únicamente” por el crédito del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap).
Aún no se consideran deuda
Adicionalmente, el gobierno del estado enfrenta obligaciones de pago de largo plazo por 39 mil millones 514 mil pesos, por concepto de subsidios a la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), Audi, convenios de carácter público y privado, así como el pago a Proyectos de Inversión de Largo Plazo.
En este último, se encuentran los que se realizaron a través de APP, es decir el MIB y las plataformas automotriz para la armadora Audi instalada en San José Chiapa, así como el Centro Integral de Servicios (CIS), construido bajo el esquema Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS).
Los tres fueron adquiridos en el gobierno de Rafael Moreno Valle, quien comprometió los recursos del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) en un fideicomiso para pagar la deuda por dichas obras, aunque no han sido reconocidos como deuda.
