Aunque para este jueves se programó la audiencia que judicializaría la denuncia de Rubén Sarabia Reyna, activista de la “28 de Octubre”, contra Alejandro León Flores, juez que con cédula profesional falsa lo sentenció, se suspendió porque el agente del Ministerio Público no acudió.
La cita era a las 10:30 de la mañana en la Casa de Justicia de la 11 Sur, a donde no llegó pese a la cita con la que se resolvería proceder legalmente por la prisión arbitraria contra el miembro de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, quien también buscará la reparación del año: que le ofrezcan disculpas públicas y se limpie su nombre.
En entrevista, el asesor jurídico de la organización, Felipe de Jesús Monroy Reyna, aseguró que la denuncia la presentaron el 9 de noviembre del 2017, pero hasta el 30 de agosto de este año, mediante oficio, el Ministerio determinó que no habían indicios para ejercer acción penal contra León Flores y el agente.
Explicó que tuvieron que ganar amparos a nivel federal para acreditar que hubo violaciones en sus procedimientos, lo que obligó a las autoridades estatales a realizar esta nueva audiencia que no se llevó a cabo.
Monroy Reyna aseguró que solicitarán al juez de la causa una nueva fecha, así como medidas a agentes por su falta de asistencia.
4 expresos también quieren reparación del daño
La denuncia penal también es contra el agente del MP, Cristian Morales Rojas, ya que él se encargó de iniciar la investigación previa y de consignar en sólo dos días, del 17 al 19 de diciembre del 2014, a Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, Xihuel Sarabia Reyna y al ya mencionado.
A la lista se suman Paula y Ana, secretarias de acuerdos de Cholula y Puebla, respectivamente, así como Alberto, juez primero de lo penal, a quienes buscan se les finquen responsabilidades por ser parte de la prisión arbitraria de Sarabia Reyna.
Cabe mencionar que una investigación de “Lado B” reveló que León Flores ejerció por más de 30 años con título y cédula falsa, así como se le acusa de haber juzgado a los presos políticos del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.
De acuerdo con la “28 de Octubre”, los otros cuatro integrantes que estuvieron encarcelados buscarán la reparación del daño y, el castigo a los funcionarios que avalaron la prisión, incluso a demás activistas que también buscarían proceder legalmente.