Por mayoría calificada, es decir, por 420 votos a favor y 29 en contra, así como cinco abstenciones, se aprobó en la Cámara de Diputados ampliar el catálogo de delitos para que sea juzgado el presidente de la República en delitos electorales y de corrupción.
Lo anterior implicó reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero.
Además, se encuentran los casos relacionados con abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, delitos por pago y recibo de remuneraciones de los servidores públicos, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, cohecho a servidores públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.
El diputado federal Pablo Gómez, de Morena, destacó que “con esta reforma de la Carta Magna se termina el esquema de impunidad que actualmente protege al presidente de la República, que impide que durante el tiempo de su encargo sea procesado o sentenciado penalmente”.
Detalló que la reforma al Artículo 108 constitucional incluye todo acto de corrupción previsto en el Código Penal como ejercicio ilícito del servicio público.
Se quita inmunidad
El presidente de la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo, el morenista Mario Delgado Carrillo, remarcó que con la aprobación de la minuta se da un paso importante para quitar la inmunidad al ejecutivo federal y en San Lázaro se avanza hacia una redefinición completa del sistema político mexicano.
Adelantó que la semana próxima, cuando se vote la revocación de mandato, consulta popular, fuero constitucional y condonación fiscal por parte del Ejecutivo, se habrá de cambiar esa figura.
Entre las posturas en contra, Claudia Reyes, legisladora perredista, sostuvo que dejar en manos de un gobierno autoritario y sin una fiscalía autónoma, el retirar la inmunidad a quienes resultan opositores incómodos, representa un alto riesgo para la libertad.
Por su parte, el priista Cruz Juvenal Roa, señaló que no se le quita el fuero al presidente sino que solo se amplían los delitos en dicha materia.
El panista Marcos Aguilar Vega puntualizó que para proceder en contra del presidente será el senado quien resuelva en términos de procedencia.