La Comuna emitió 4 mil 134 sanciones y 904 clausuras a establecimientos por no cumplir con toda su documentación, por lo que recaudó 72 millones 852 mil 425 pesos, pero regidores criticaron que la Tesorería reportara que fueron 14 millones menos.
Durante su comparecencia ante los regidores de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, Fernando de Jesús Pastor Herrera, director de Normatividad y Regulación Comercial, reportó que, durante el primer año de gestión, visitaron 7 mil 200 negocios, de los que 2 mil 182 cuentan con sus papeles vigentes.
Explicó que los motivos por los que los comercios fueron clausurados o sancionados son por la falta de licencia de uso de suelo, de licencia de funcionamiento, de constancia de medidas preventiva contra incendios y por la falta de aprobación del programa de Protección Civil municipal.
También, por la ampliación de giros, ocupación indebida de la vía pública, falta de área de estacionamiento y por la ampliación de metros cuadrados a los declarados en la licencia de uso de suelo.
Refirió que en el caso de las sanciones, 390 corresponden a giros de alimentos, hoteles con servicio de restaurant bar y salones de eventos sociales, mientras que a establecimientos con venta de bebida alcohólica con botella abierta fueron 215.
En mercados municipales hubo 57, por fiscalización en locales 38 sanciones, en bares 12, giros negros 11, en casas de empeño 11, tres a comercios en la 8 Poniente, dos a cabaret, casa de huéspedes dos y botaneros, uno.
Regidoras cuestionan cifras distintas
Mientras que entre las clausuras que se emitieron fueron 175 para negocios con venta de bebida alcohólica, 97 en mercados municipales y de apoyo, 62 en locales por fiscalización, 32 bares, 21 por giros negros, 12 en casas de empeño 11 cabaret, tres casas de huéspedes, ocho en la 8 Poniente.
Hubo tres clausuras en la ley seca en las dos elecciones extraordinarias de juntas auxiliares y dos en los comicios del 2 de junio, así como agregó que igual el gobierno municipal ganó 56 amparos y siete más se encuentran en proceso de resolución.
En tanto, las regidoras Silvia Tanús Osorio, del PRI, y Carolina Morales García, del PAN, lo cuestionaron sobre por qué hay discrepancia en la cantidad de recaudación, por lo que pusieron en duda de donde está el dinero faltante.
La funcionaria respondió que no es que exista una discrepancia de datos, ya que el recurso se debe a la realización de la feria de Puebla, por lo que la contabilidad de los ingresos se realiza mediante el convenio que se hace y una vez que se tengan las líneas de captura se hará oficial en Tesorería.
Niega que haya casos de corrupción
En otro orden de ideas, Pastor Herrera comentó que aunque se han dado señalamientos de corrupción por parte de diversos sectores, a la fecha nadie ha presentado una denuncia ante la Contraloría, pues es una situación mediática que se da en los medios
“No tenemos ninguna queja en el área de Normatividad, en Contraloría no contamos con una queja por corrupción, por tal motivo no puedo dar un caso por corrupción. La mayoría de las quejas de los empresarios es porque las multas son muy altas y porque se extralimitaron los inspectores; son 229 quejas las que hay por esto”, expuso.
Por otra parte, anunció que el ayuntamiento de Puebla puso en marcha un programa para que las casas de empeño instalen en sus computadores un clúster, mismo que está conectado al C5, a fin de detectar si van a dejar artículos de dudosa procedencia, ya que cuando los van a comprar les dan una factura.
Y es que, explicó, First Cash se amparó ante esta medida, argumentando que no tenía la facultad para hacerlo, sin embargo, la justicia federal les otorgó la razón al señalar que es una medida de seguridad, por lo que previó que habrá una disminución en la compra-venta de estos dispositivos en las casas de empeño.
Asimismo, mencionó que se identificó a una persona que estaba usurpando funciones, pues tenía chaleco falso y credencial clonada, por lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes
Finalmente, informó que un contribuyente agredió a una empleada de normatividad, hecho que fue denunciado ante la Contraloría y abrió la posibilidad de hacerlo ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pues la privó de su libertad junto a otro inspector.
