Un juez negó el amparo contra el Proyecto Hidroeléctrica Puebla 1, interpuesto en 2016 por mil 96 indígenas totonacas de la Sierra Norte, con ello se favorece la obra que se instalaría en San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya y que generará electricidad sólo para un Walmart.
De acuerdo con información del Centro de Análisis e Investigación (Fundar), el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla, negó el amparo por considerar que la consulta indígena que la Secretaría de Energía (Sener) realizó en 2015, cumplió con los estándares en la materia, determinando que esta se realizó previo a que empezara la obra, a pesar de que los permisos para el proyecto comenzaron a ser entregados en 2009, seis años antes de dicha consulta.
El fallo desestimó la ausencia de consulta sobre el proyecto impulsado por Grupo Comexhidro a los pobladores y de la manifestación de impacto social, ya que el magistrado estimó que basta que la consulta sea efectuada antes de que el proyecto se ejecute, para tener por cumplido el estándar, contraviniendo el marco internacional, que indica que el proceso de consulta debe tener lugar antes de diseñar y planificar el proyecto, es decir, antes de que se emitan las autorizaciones.
El centro de análisis subrayó que el juez Miguel Arroyo Herrera negó el amparo desestimando las afectaciones a las comunidades demandantes, ello a pesar de que el Peritaje Oficial de Biología e Impacto Ambiental elaborado por la extinta PGR ahora FGR, que establece que habrá impactos en el medio ambiente, como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
Desestiman afectaciones ambientales
En la sentencia, el juez omite el análisis de este peritaje, pero sí retoma los peritajes ofrecidos por la empresa beneficiaria del proyecto y por las autoridades demandadas que aseguran que no habrá impactos negativos en la población.
Fundar estimó que la sentencia dictada constituye una muestra más de una política de Estado que ha buscado despojar de sus derechos y de sus territorios a los pueblos originarios para el beneficio de las grandes empresas.
Añadió que la sentencia emitida está sujeta a impugnación por cualquiera de las partes involucradas en el juicio, por lo que aún puede pasar algún tiempo para contar con la definitiva; por su parte, las comunidades interpondrán un recurso de revisión.
Cabe mencionar que hace unos días, siete organizaciones e instituciones pidieron a los tres niveles de gobierno cancelar los proyectos hidroeléctricos que no consideraron el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, entre ellos, el Sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzala (Sierra Negra) y el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (Sierra Norte).