El gobernador Miguel Barbosa Huerta presentó al Congreso local, la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Víctimas, en la que propone una comisión, un fondo de reparaciones, la creación de un registro de afectados y asistencia para huérfanos por feminicidio.
Estas modificaciones obedecen a que la ley local vigente no cumple con los deberes impuestos por la Ley General de Víctimas, ya que el estado ni siquiera cuanta con un órgano permanente ni operativo, con autonomía de gestión y especializado en la atención de las mismas.
Entre las medidas referidas, algunas de ellas tienen una incidencia directa con el tema específico de la atención a las víctimas, como: consolidar el Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos.
También, capacitar en materia de derechos humanos a los servidores públicos encargados de las áreas de procuración de justicia, seguridad pública que tengan a su cargo las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Hasta 42 mil pesos por reparación de daños
Se pide elaborar planes individualizados de reparación integral del daño considerando los estándares en materia de reparación del daño reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas y la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
Con ello, el gobierno estatal podría indemnizar hasta con 42 mil 245 pesos mensuales a las víctimas de algún delito cuando el responsable muera, desaparezca o huya de la justicia sin pagar la reparación del daño.
La cifra de la compensación a la que se podrá obligar al gobierno local será hasta de quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales –un millón 284 mil pesos– de manera proporcional a la gravedad del daño sufrido, aunque se advierte que el monto “no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima”.
Atención a huérfanos por feminicidios
Por otra parte, se busca generar una estrategia que permita garantizar a los hijos de mujeres víctimas de feminicidio y víctimas directas o indirectas recibir servicios integrales de atención temprana y garantizar los servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados, así como de la educación y alimentación.
Asimismo, se pretende elaborar un protocolo de atención integral para menores víctimas directas o indirectas de violencia de género que contemple el interés superior de la niñez para el otorgamiento de la patria potestad, tutela, guarda y custodia.
Finalmente, la iniciativa del mandatario hace énfasis en la violencia de género, pues subraya que en el caso de mujeres víctimas la atención que preste la Comisión Estatal deberá otorgarse por abogadas, psicólogas, médicas y trabajadoras sociales, que cuenten con experiencia en temas de género, derechos humanos y atención a víctimas.
Se deberá implementar un modelo único de atención integral para estas víctimas, que deberá establecer la actuación de cada una de las instancias que proporcionan servicios a las mismas y asegurar que ésta se realice con la debida diligencia y en coordinación con las dependencias estatales y municipales.
Esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para su evaluación.
