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Incremento de $2.50 al pasaje, insostenible

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El aumento de $2.50 pesos en la tarifa del transporte público de la ciudad de Puebla es elevada si tomamos en cuenta la precaria economía de la población que usa este servicio y las malas condiciones que actualmente tienen la mayoría de unidades.

Se trata de un incremento del 42 por ciento que sin duda afectará el patrimonio de las familias más pobres de la capital poblana y por ello el mismo no debe ser autorizado por el gobierno del estado, sino uno menor.

Además, se debe apegar a un esquema claro e integral que garantice la mejora del servicio y la reducción de accidentes de tráfico donde están involucrados operadores de unidades del transporte público. Sin embargo, el mismo no ha sido claro y parece que se puede quedar en las promesas de siempre.

Lo anterior porque cada vez que se autoriza un incremento en la tarifa del transporte público se inician programas que al paso del tiempo son olvidados y las condiciones de las unidades vuelven a empeorar.

Se han implementado reductores de velocidad, mejora y limpieza de las unidades, cámaras de videovigilancia y botones de alerta, pero actualmente nadie cumple con ello.

¿Qué garantía hay de mejorar el servicio?

¿Qué garantía existe para la ciudadanía que en esta ocasión sí mejorarán las condiciones del transporte público de la ciudad de Puebla?

Y es que a decir de especialistas, para aumentar la tarifa, la Secretaría de Transportes debe tener un estudio de movilidad de los usuarios y recorrido de las rutas, pues con cambios en esos rubros también se puede ayudar a la economía popular.

Las rutas deben cubrir las necesidades de la población y, así se usarían menos al llevarlos directamente a su destino.

Además, se debe revisar que las concesiones otorgadas sean pertinentes, ya que en unos casos son insuficientes o hay cambios de dinámicas, por ejemplo, hay colonias con mayor demanda en la mañana y menos en la tarde.

Sin embargo, hasta ahora no se ha profundizado en ello y solo se habla de las promesas de siempre: que ahora sí habrá videocámaras, botones de alerta, mejora de unidades y padrón de operadores.

¿Y las condiciones laborales de operadores?

Por otro lado, es necesario que el proyecto gubernamental –que debe ser acordado con los concesionarios– incluya mejoras en las condiciones laborales de los operadores, pues trabajar más de 12 horas diarias pone en riesgo a los usuarios.

Anteriormente, había rutas que tenían dos turnos, logrando acuerdos entre los operadores y concesionarios, así como se requiere una capacitación que prevenga las conductas de riesgo psicosocial, basada en los componentes afectivo-emocionales y manejo de estrés, que inciden en la buena o mala operación de la unidad.

Finalmente, especialistas hablan de un subsidio gubernamental, pero no a los concesionarios, como algunas veces ha sucedido al otorgar préstamos para la adquisición de nuevas unidades, sino a los usuarios, y habría que contar con un consejo ciudadano integrado por organizaciones, académicos y medios de comunicación, además de concesionarios y operadores, para aterrizar de manera exitosa el tema.

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Por la detención del presidente Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, José Luis Ayala Corona, por presuntamente pedir dinero a trabajadores para darle agilidad a sus casos, las oficinas de esta área continúan selladas por parte de funcionarios de la Fiscalía General del Estado, así como toda la documentación y computadoras están incautadas como parte de las investigaciones y por ello las audiencias estarán canceladas una o dos semanas más.

Abogados que llevan casos de trabajadores al servicio del estado solicitan que la autoridad judicial lleve a cabo una investigación profunda e imparcial sobre el tema, pues ese tipo de hechos no pueden seguir sucediendo.

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Sobre Tania Damián Jiménez @TaniaDamian

Tania Damián Jiménez @TaniaDamian
Fundadora y subdirectora del portal de noticias Ángulo 7. A los 14 años decidió que quería dedicarse al periodismo. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Fue becada por la Fundación Prensa y Democracia (Prende) y por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).
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