Por exigir 150 mil pesos para no congelar los 60 casos que lleva una abogada de extrabajadores del gobierno estatal despedidos en la administración de Rafael Moreno Valle, al presidente del Tribunal de Arbitraje, José Luis Ayala Corona, se le dictó prisión preventiva.
Y es que el jueves por la noche se llevó a cabo la audiencia y que se extendió hasta la madrugada de este viernes, donde se dio a conocer que la litigante afectada presentó una denuncia en contra del ahora detenido el pasado 3 de septiembre.
Lo anterior porque, según narró la agraviada, el 28 de junio de 2019 se puso en contacto por primera vez con Ayala Corona para hablar sobre la situación de los extrabajadores del gobierno estatal que fueron despedidos injustificadamente durante la administración de Moreno Valle.
Sin embargo, no fue sino hasta seis días después que el presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla le habría hecho una primera solicitud de dinero a cambio de que los casos que llevaba no fueran congelados o bloqueados por el área de Finanzas.
Exige 100 mil pesos para “agilizar” proceso
De esa manera, le solicitó 100 mil pesos para agilizar el proceso, al tiempo de referirle a la afectada que todos los abogados que querían atención rápida accedían al pago, a lo que supuestamente la litigante se negó.
Después, la denunciante se enteró que uno de sus clientes no había podido cobrar un cheque, ya que el área de Finanzas le había retenido impuestos “injustificados” por 256 mil pesos.
Por lo anterior, la abogada se dirigió a dicho departamento, aunque la enviaron con Ayala Corona, argumentando que fue una orden que él mismo dio.
Días más tarde, el 11 de julio, el detenido se acercó a la litigante que había acudido a arreglar asuntos de cuatro de sus casos, para hacerla cambiar de opinión sobre el dinero que le había exigido para que no volviera a haber retenciones de impuestos.
Ayala Corona habría agregado que “tenía que aprovechar” para hacer dichos “cobros”, ya que su tiempo en el Tribunal estaba contado ante la llegada del nuevo gobierno.
En agosto aceptó entregar el dinero
No fue sino hasta el 5 de agosto cuando la afectada accedió a entregar 100 mil pesos en efectivo, ya que sus clientes siguieron enfrentando problemas para cobrar sus cheques.
Al siguiente día, Ayala Corona envió un mensaje a la abogada donde le proporcionaba un número de cuenta en el banco BBVA a nombre de María Silva Vega Ramírez, para que depositara el resto del pago acordado, supuestamente otros 50 mil pesos.
No obstante, la agraviada no pudo realizar la transacción, por lo que el presidente del Tribunal de Arbitraje le brindó una segunda cuenta, a nombre de Raquel Cortés Vega, secretaria General del Tribunal, aunque la entrega del dinero se tuvo que hacer en efectivo.
Lo anterior no significaba que la extorsión se detendría, pues ya para inicios del mes en curso el ahora detenido le volvió a exigir dinero, lo que causó molestia en la litigante, quien lo confrontó personalmente para que el abuso de autoridad se detuviera y hasta grabó su conversación, donde Ayala Corona sostiene que estaba en sus manos el proceso de sus clientes.
Ayala Corona se dice “intocable”
Además, aseguró que era “intocable” y no le podían hacer nada porque no firmaba los acuerdos del Tribunal, por lo que no se le podría vincular con dichos delitos (extorsión y abuso de autoridad).
Asimismo, habría amenazado a la afectada al insinuarle que podría morir pues “en las noticias se ve cómo aparecen los abogados cuando no se portan bien”, razón que motivó a la abogada a presentar la denuncia correspondiente.
Lo anterior permitió que la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción (FECC), en base a las pruebas aportadas, detuviera a Ayala Corona el pasado miércoles en su oficina ubicada en la colonia Azcárate.
Va a prisión preventiva por extorsión
En la audiencia, se le dictó al presidente del Tribunal de Arbitraje prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y se le imputaron los delitos de extorsión y abuso de autoridad, al tiempo de solicitar que se le vincule a proceso.
El defensor de Ayala Corona, José Luis Montaño de la Rosa, optó porque en un plazo de 144 horas se decida si se le vincula a proceso o no, por lo que deberá haber una segunda audiencia para determinar su situación legal.
De esa manera, el detenido fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel en Puebla capital, aunque bajo resguardo médico, ya que necesita medicamento controlado.
