Roberto Moya Clemente, titular de Finanzas en el morenovallismo; el exedil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y José Cabalán Macari Álvaro, otrora secretario de Infraestructura, son algunos de los que aprobaron concesionar el servicio de agua potable.
Mientras que el rector Alfonso Esparza Ortiz, dio el visto bueno, como “representante de la sociedad” para que se entregara este servicio a una empresa privada.
Lo anterior, de acuerdo con el acta de la primera sesión extraordinaria del ejercicio fiscal y operativo 2013, del Consejo Directivo del Soapap, y que fue a dado a conocer este lunes en rueda de prensa por los integrantes del Frente por la Defensa del Derecho Humano al Agua, el Saneamiento y Contra la Privatización.
Dicho documento se avaló por los 12 integrantes del consejo, para que el director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) en ese entonces, Manuel Urquiza López, pudiera concesionar el vital líquido en la capital poblana a través de un proceso de licitación.
El año en que se dio este proceso, Eduardo Rivera Pérez, además de ser alcalde, era presidente Ejecutivo del Consejo; en tanto, José Cabalán Macari Álvaro, titular de la Secretaría de Infraestructura y fungía como vocal del consejo, mientras que José Montiel Rodríguez era encargado de despacho de la Secretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
Por su parte, Roberto Moya Clemente, era secretario de Finanzas y Administración; Jesús López Robles, administrador de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue); José Felipe Velázquez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del ayuntamiento y Luis Alejandro Fabre Bandini, de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Comuna; todos eran vocales del consejo.
Mientras que Esparza Ortiz, actual rector de la BUAP, en el consejo era representante del sector social, así como Manuel de Jesús Marín Quintero, directivo de Mabesa, Santos Zanella Bretón y Raymundo Alonso Sendino, dueño de As Media –firma que tiene a su cargo la filial de Imagen Televisión Puebla– y la empresa poblana, Reyes Huerta, que igual fungían como vocales.
Al respecto, los integrantes del frente, recriminaron el actuar que dichos funcionarios, al argumentar que lo hicieron bajo las órdenes del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, ya que la reforma hecha previa a la votación del consejo contemplaba que se pudiera concesionar en 24 municipios más.
Es muestra de colusión entre sectores, afirman
Criticaron que Esparza Ortiz “se haya prestado” a esto, pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en lugar de ser una institución que tiene que estar en defensa de la sociedad, como lo establecen sus principios como escuela, se sumó a concesionar el servicio de agua.
“Estos nombres muestran que hay una colusión del sector privado con el sector público, si uno de los ejes fundamentales de este gobierno es atender la demanda de erradicar la corrupción, la concesión del servicio de agua potable se debe de revocar”, pronunciaron.
Por otra parte, los integrantes del frente pidieron a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco que explique por qué, en noviembre pasado, propuso como integrantes del Consejo Directivo del Soapap a los empresarios Rafael Vélez Herrera, presidente de la Canaco; Antonio Yitani Maccise, del Club de Empresarios, y el representante de la Canadevi, Alberto Ramírez y Ramírez.
Los activistas manifestaron su rechazo a tales designaciones y exigieron a la morenista que informe por qué, a sabiendas de que hay un movimiento que lucha contra la privatización del agua, decidió incorporar a tres empresarios y no a alguna organización, académicos o especialistas en el tema.
