Luego de que se acusara una “estafa” a favor de Audi en Puebla, Fernando Manzanilla Prieto afirmó que las irregularidades se dieron después de que renunciara a la Secretaría General de Gobierno (SGG), en el sexenio de Rafael Moreno Valle, y mandó que se investigara el tema.
El libro “La Trama Audi Componendas De Un Gobierno Autoritario”, en el que se basó la nota de Reforma, se precisa que hubo una compra “opaca” de mil 600 hectáreas de tierra, adjudicación directa de obras, se creó un fideicomiso privado para el manejo de recursos y se atropellaron los derechos de los municipios
El ahora secretario de Gobernación (Segob), Manzanilla Prieto, señaló que el medio, “de manera dolosa”, da a entender que fue el único que firmó el primer contrato de desarrollo con Audi, cuando en virtud de un acuerdo delegatorio del entonces gobernador Moreno Valle, este fue autorizado, de manera unánime, por los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso estatal, y se firmó por ocho miembros del gabinete.
Indicó que existen al menos cinco convenios modificatorios, en donde las obligaciones del Estado variaron sustancialmente a lo originalmente pactado con las empresas, pues el primer contrato buscaba que Audi desembolsara mil 300 millones de dólares y generara 3 mil 800 empleos directos y 6 mil indirectos.
Renunció a SGG en 2013
Adicionalmente, cuando el Banco Estatal de Tierras (BET), Organismo Público Descentralizado (OPD), transfirió las tierras a la empresa en septiembre de 2013, él no era titular de la SGG, pues renunció a principios de abril “por serias diferencias con un régimen que se caracterizaba por el abuso del poder e instaurar un modelo corrupto de negocios”.
Subrayó que fue la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) la que lideró la negociación con Audi y Volkswagen, incluyendo el proceso de adquisición de las tierras, negociando la compraventa con los ejidatarios en donde se instaló la planta armadora en San José Chiapa y ordenó realizar los pagos a través del BET.
En el tiempo que fue secretario, aseveró que la Secotrade informó que los pagos se hicieron de manera directa a los propietarios de la tierra y sólo se firmaron cuatro contratos de los más de 180; además, le informaron que Moreno Valle había dispuesto que el costo de lograr atraer la inversión al estado no rebasara el monto de 100 millones de dólares.
Destacó que está interesado en que se castigue a los responsables, por lo que durante el gobierno interino, solicitó a la Secretaría de la Contraloría que investigara si las cantidades iniciales fueron rebasadas, las condiciones finales afectaron las finanzas públicas y si hubo una disposición irresponsable de recursos o si existió especulación en la compra y adquisición de tierras, la figura de Proyectos de Prestación de Servicios (PSS), inversiones fuera de lo inicialmente planeado, sobreprecios o si se favoreció indebidamente a alguien.
