La Secretaría de Gobernación (Segob) revisa la reforma al Código Penal de Tabasco, que sanciona con cárcel “impedir obras públicas y privadas”, bautizada como “Ley Garrote” por sus críticos, pues no puede limitar el derecho a la libre manifestación.
Así lo afirmó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de la Segob, quien sostuvo que no se puede restringir ninguna libertad política en el país e incluso mencionó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puede presentar una controversia constitucional contra la reforma.
Lo anterior, en entrevista con Notimex, previa a de la mesa redonda “La CNDH y la 4T”, organizada por el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.
Precisó que la Segob, encabezada por Olga Sánchez Cordero, emitirá sus postura esté publicada la reforma al Artículo 308 Bis del Código Penal de Tabasco.
Entre protestas ciudadanas y críticas de políticos, incluídos de Morena, el Congreso de Tabasco aprobó reformar su Código Penal para dar de 6 a 13 años de cárcel a quien “extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar” en obras públicas y privadas.
De acuerdo con el gobierno estatal, encabezado por el morenista Adán Augusto López Hernández, quien presentó la iniciativa, esta modificación busca ir contra “pseudosindicatos” que extorsionan a gobiernos y empresas a través del cobro de cuotas para permitirles pasar o trabajar en ciertos terrenos.
Esta posición fue respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que la propuesta no busca reprimir la libertad de manifestación, sino acabar con los “moches” y pidió a López Hernández, su correligionario, que aclare las dudas al respecto.
