En el gobierno local siguen funcionarios que contribuyeron en el sexenio de Rafael Moreno Valle a la detención injusta de activistas por oponerse a proyectos e incluso algunos después de liberados tienen procesos abiertos, señaló Juan Carlos Flores Solís.
Comentó que en su caso fue acusado y procesado por una declaración falsa del director jurídico del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap), Gustavo Gaitán, a quien no demandó en su momento, pero que igual no descartó hacerlo.
“Estuve preso en Cholula por el tema de Acuexcomac, cuando ni participe y los funcionarios falsearon su declaración contra mí y otros compañeros; además el juez que nos procesó a decenas ni siquiera tenía Cédula Profesional de abogado”, apuntó.
Su detención respondió a una orden de aprehensión girada en su contra por ‘su probable participación’ en cuatro ilícitos previstos en el Código Penal de Puebla, a saber, ‘despojo’, ‘motín’, ‘ataques a obras hidráulicas’ y ‘extorsión’, por los hechos ocurridos durante una protesta el 3 abril de 2012, en Santa María Acuexcomac, en el municipio de San Pedro Cholula; sin embargo, varios testigos que estuvieron con Flores Solís el 3 de abril, así como personas que estuvieron presentes durante la protesta, declararon que el defensor no participó en la misma.
Refirió que a pesar de ser liberado continuó siendo perseguido hasta mayo del año pasado y todavía en noviembre elementos ministeriales lo buscaron con engaños para supuestamente invitarlo a un foro de derechos humanos.
Indicó que sabe, por lo menos, de cuatro activistas que aun cuando fueron liberados, siguen con procesos abiertos sin que haya pruebas para tenerlos en esa situación.
Flores Solís dijo que si el gobierno entrante de Miguel Barbosa Huerta, quiere dar muestras de que respetará el activismo y los derechos humanos, entonces que sobresee los procesos para que puedan tener la certeza de lo que se ofrece.
Además que se investigue a los que siguen en la administración pública estatal, pero que fueron comparsas de morenovallismo para hacer denuncias sin pruebas y, con ello, que fueran encarcelados injustamente, que en su caso fueron cinco años.
