El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia del estado de Puebla (AEPF), Alejandro Águila Argüelles, tendrá que restituir en su puesto al vicepresidente Noé Ramiro Beristain, a quien le prohibió la entrada a las oficinas desde enero de 2017.
Lo anterior porque Noé Ramiro ganó un juicio de amparo y este martes 2 de julio está programada una diligencia del juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla para su restitución y se le permita el acceso a las oficinas de dicha asociación, localizadas frente al Centro Escolar Morelos.
El incidente de suspensión es el número 270/2017 y lo ganó en mayo de 2017, pero Alejandro Águila ha llevado a cabo estrategias dilatorias para no acatar el juicio de amparo. Primero, se negó a recibir las notificaciones; después, argumentó que era un asunto que debía resolver la asociación nacional y finalmente, nunca se encontraba cuando los actuarios acudían a las diligencias para la restitución de Noé Ramiro.
En esta ocasión, se solicitó el uso de la fuerza pública para garantizar que se cumpla la resolución judicial.
Alejandro Águila fue nombrado como presidente de la AEPF el 15 de noviembre de 2010 en una asamblea estatal, aunque desde 2007 fungió como tal cuando se destituyó a Mónica García Rugarcía de ese cargo.
Su conflicto con Noé Ramiro inició en 2016 cuando se le exigió transparentar los apoyos económicos que la AEPF recibía de Finanzas, a lo cual se negó y el 17 de enero de 2017 hizo una asamblea en Chignahuapan para destituirlo; no obstante, la misma fue ilegal.
Después de casi 9 años que Alejandro Águila está al frente de la AEPF y quien además ya no tiene hijos estudiando en escuelas públicas estatales de hasta educación media superior, por fin, la SEP tiene lista la convocatoria para la sustitución de la actual mesa directiva.
El actual vicepresidente sabe que con ese cambio de mesa directiva también saldrá de la misma, pero lo más importante es que no se lucre con dicha asociación.
Sobre el frente contra la privatización del agua
Si el Frente en Defensa del Derecho Humano al Agua y en contra la Privatización de Puebla quiere tener un peso real para la revocación de la concesión que tiene Agua de Puebla debe ser más incluyente y evitar que un solo grupo concentre las decisiones.
Y es que aunque se le reconoce al grupo de Rosa Márquez y Jorge Méndez de impulsar el dictamen para buscar la desprivatización del agua en el Cabildo de Puebla, a veces pareciera que quiere imponer ciertas acciones al resto de organizaciones participantes.
En tanto, el Barzón poblano anunció que este martes 2 de julio entregará 11 mil 500 firmas contra la privatización del agua en el Congreso local, pero esta acción promovida por el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo más bien parece oportunista. Aunque, tal vez, decidió ello porque sabe que las decisiones del frente están concentradas.
Ahora la pelota la tiene el entrante gobierno estatal, que ya dijo que analizará el contrato “leonino” de Agua de Puebla, lo cual no solo es la exigencia de la ciudadanía, sino también de vital importancia para concretar la cuarta transformación en la entidad. No obstante, como también ya lo señalaron, requiere de un análisis minucioso de las cláusulas del contrato y una acertada defensa, pues la empresa no está dispuesta a dejar la concesión.
