Vecinos de Villas Periférico, a quienes intentaron desalojar con violencia en 2017, exigieron investigar y destituir a Francisco Javier Orozco Treviño, jefe de Causas Penales, por “corrupción” al supuestamente ayudar a liberar a uno de los 22 agresores.
A las 12:00 horas de este lunes, los manifestantes acudieron con lonas y cartulinas a la Casa de Justicia que se ubica sobre la 11 Sur, frente a la unidad habitacional Agua Santa, donde además exigieron al Ministerio Público (MP) que dé a conocer qué pasó con las armas de los agresores.
En entrevista con este medio, Hilario Gallegos Gómez, asesor legal de los afectados, señaló que al menos 39 personas con armas largas participaron en el violento desalojo del fraccionamiento ubicado en Periférico y 24 Sur, el 27 de octubre de 2017, lo cual derivó en la detención de 22 personas, a quienes que se les impuso prisión preventiva.
No obstante, 16 de los imputados salieron en libertad mediante la reclasificación de la revisión de medidas cautelares, tras lo cual comenzaron a amenazar a los vecinos, y destacó el caso de Valentín Contreras Galindo.
Habría actuado a favor de imputado
Detalló que el pasado 27 de junio, el abogado de Contreras Galindo presentó un escrito para la revisión de su medida cautelar, pero “extrañamente” ese mismo día Orozco Treviño estableció su audiencia para las 17:00 horas, avisando al asesor de las víctimas una hora antes, pero como se encontraba en Huauchinango no le fue posible acudir y dejó en indefensión a las víctimas.
Comentó que aunque la ley prevé que la audiencia se fije a cualquier hora y día, es sospechoso que Orozco Treviño “se pasara de pronto y expedito” en este caso, pues hay personas que han esperado por días sin que les den una fecha.
Sólo se incautaron 12 armas, acusan
Aunado a ello, resaltó que a más de año y medio del intento de desalojo, el MP no ha dado parte de las 12 armas incautadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) –que en realidad serían más de 30–, para integrar una carpeta de investigación por ellas, algunas de las cuales eran de uso exclusivo del ejército.
Indicó que fueron atendidos por el director jurídico del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Guillermo Morales Rodríguez, y el encargado de Casa de Justicia, Isaías Rivas López, a quienes les hicieron conocimiento de las anomalías para que revisen el caso, y se revoque la medida cautelar de los 16 imputados por su comportamiento contra las víctimas, o de lo contrario volverán a manifestarse.
Desalojo derivó de fraude
Gallegos Gómez explicó que el intento de desalojo derivó de un fraude por parte de las organizaciones Sopita de Letras y Trabajo y Pasión por México, quienes les ofrecieron a cerca de 80 familias departamentos por un anticipo de 25 mil pesos y les dijeron que habían gestionado un apoyo para ellos ante los gobiernos federal y estatal.
Sin embargo, a 15 días de su ingreso, que ocurrió el 6 de septiembre (razón del nombre de su movimiento), aparecieron los abogados del exrector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, y la familia de empresarios López Chargoy, quienes argumentaron ser los dueños y serían quienes contrataron a los sujetos que intentaron desalojarlos y les robaron algunos objetos en las 20 camionetas de mudanza que llevaron.
Indicó que no se terminó el desalojo debido a que organizaciones adheridas al Movimiento 6 de Septiembre Villas Periférico llegaron al auxilio, y que ya se tuvo un acercamiento con el verdadero dueño del predio, con quien negocian si les venderá el terreno o se llevará a cabo otro procedimiento.
Agregó que los edificios fueron construidos por una inmobiliaria que pertenece al hermano de Agüera Ibáñez, por lo que sospechan que pudieron usarse recursos de la universidad y enfatizó que no hay permisos de construcción en el ayuntamiento. Además, acusó que hay más edificios con las mismas características por Lomas del Mármol y Camino al Batán.
