Desde 2016, Agua de Puebla aplica un esquema para recaudar 80 millones de pesos al año entre deudores, el cual incluye cobros por reconexiones y cortes del servicio, de los cuales realiza entre 20 y 25 al día sin presentar a los usuarios orden oficial.
A estas tarifas, la empresa suma el cobro de impuestos, refinanciamiento de la deuda y hasta venta de medidores si decide, a su discreción, que estos no están funcionando bien.
Así lo acusó, en entrevista con Ángulo 7, Manuel Bravo Bruno, extrabajador del departamento de ejecución del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), quien refirió que se dio la orden al personal de realizar clausuras dicho número de clausuras “indiscriminadamente”.
Lo anterior, a fin de recaudar 20 millones de pesos en cada una de cuatro regiones del municipio de Puebla, entre los meses de marzo y octubre, a fin de alcanzar la meta recaudatoria de 80 millones de pesos.
En esa fecha, los precios por reconexión –detalló– eran de 900 pesos si sólo se había cerrado la llave de la toma; de mil 600, si requería excavación para reconectar el agua, y de 2 mil 800 pesos si implicaba agua y drenaje.
De acuerdo con el extrabajador, antes de la concesión de Agua de Puebla, había convenios para que los usuarios –no “clientes, como los llama la empresa”—negociaran tiempo para saldar deudas e incluso había rebajas.
Asimismo, remarcó que generalmente sólo se aplicaban cortes a tomas de grandes usuarios, por adeudos ostensibles o tomas clandestinas.
No obstante, con el nuevo esquema recaudatorio, se dio la instrucción –relató— de aplicar los cortes “indiscriminadamente” y sin dar a los ciudadanos documento alguno que pudieran usar para iniciar un pleito legal, pus sólo les mostraban un estado de deuda en la pantalla de un celular.
Protestaros y los despidieron
Ante esta situación, Bravo Bruno comentó que varios trabajadores de Soapap se inconformaron e incluso desobedecieron las instrucciones, prefiriendo hablar con los usuarios para darles tiempo de pagar sus deudas o sólo hacer corte de agua.
Por actuar de esta manera –señaló–, la jefa del departamento, Soledad Cruz, inició hostigamiento laboral hacia ellos, retirándoles sus vehículos de trabajo y orillándolos a trasladarse a pie, hasta que terminó por rescindirles sus contratos sin explicaciones.
Los afectados por esta determinación “arbitraria” formaron el Unión de Trabajadores Despedidos de Soapap y Agua de Puebla, que integra a unos 300 extrabajadores de este organismo y la empresa, quienes ya consiguieron su liquidación, y de los cuales unos 200 aún pretenden acordar su reinstalación con el nuevo gobierno estatal.
Sin embargo, Bravo Bruno resaltó que el movimiento también tiene un interés social, pues busca que se atiendan problemas como la falta de funcionamiento de plantas de tratamiento de agua, cuyos desechos van a parar al Atoyac, y la escasa capacitación del nuevo personal de mantenimiento, lo cual les preocupa porque ha ocasionado perforación de ductos de gas y otros accidentes.
