Guillermo Aréchiga Santamaría enfrenta el reto de brillar como secretario de Transporte de Puebla, con acciones contundentes para atender la corrupción y las exigencias de mejorar el servicio, pues no tiene experiencia en el sector y su trayectoria en cargos públicos ha sido gris.
Egresado de la Normal Superior del Estado de Puebla y maestro en Educación, el también diputado federal por el distrito 9, con sede en la Angelópolis, se ha desempeñado principalmente en puestos administrativos y legislativos relacionados con el tema educativo.
Dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por ejemplo, tuvo una trayectoria de más de una década: dirigió la Sección 51 de 1995 a 1998, además de ser secretario de Investigación y Capacitación superior del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) (1998-2001), secretario de Organización (2001-2004), y parte de Estrategia Política (2004-2007).
En 2010, fue electo presidente del Comité Nacional de Acción Política del sindicato, bajo el mandato de la exlideresa Elba Esther Gordillo Morales, a quien siguió cuando fue expulsada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2006, renunciando a su militancia junto con Rafael Moreno Valle, entonces presidente del Legislativo poblano.
En remuneración, recibió una diputación plurinominal en el Congreso de Puebla por Nueva Alianza (NA), con la cual logró llegar a la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en 2011, desde donde mantuvo una alianza con el ya gobernador Moreno Valle.
Respecto al plano legislativo, de 2003 a 2006, fungió como secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, mientras que, en el Congreso poblano, fue secretario de la Comisión de Educación y Cultura en la LVIII Legislatura, de 2011 a 2014.
Su Paso accidentado por Segom
Durante la gestión de Antonio Gali Fayad como alcalde de Puebla, Aréchiga Santamaría tuvo un breve y accidentado paso por la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), el cual terminó con su renuncia a principios de 2015, a sólo un año de haber entrado en funciones.
En ese momento, se atribuyó su salida a la falta de soluciones para el conflicto del ayuntamiento con el entonces presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, quien pretendía formar una policía comunitaria y terminó encarcelado.
Este problema provocó incluso que Gali Fayad tuviera que abandonar una visita a dicha localidad, ante las fuertes protestas de grupos antagónicos y simpatizantes de Pérez Velázquez.
Asimismo, se responsabilizó al funcionario por el incremento de ambulantes en el Centro Histórico y por aplicar un fallido programa de reubicación de estos comerciantes en colonias populares a través de mercados ambulantes.
No obstante, Aréchiga Santamaría aseguró que su renuncia se debió a su distanciamiento con el morenovallismo, al cual acusó de abandonar las causas en beneficio de los poblanos.
Y su arribo a Juntos Haremos Historia
Tres años después, el PT le dio la candidatura a la diputación federal por el distrito 9, como parte de la coalición “Juntos Haremos Historia”, encabezada por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo liderazgo social le aseguró la victoria el 1 de julio de 2018, pese a los reclamos de incongruencia política y arribismo.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) organizó una campaña para exhibir su “negro historial”, señalando que como líder sindical sólo trabajó para su beneficio y no apoyó a los docentes.
Por su paso por el PRI, su cercanía a los grupos políticos del panista Moreno Valle y la aliancista Elba Esther Gordillo, así como su repentino arribo al PT, también se le ha acusado de “gatopardismo” y “camaleonismo”.
Con todo, en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, que entra en funciones en un mes, deberá enfrentarse a la corrupción y servicio deficiente que aquejan al sector del trasporte público desde hace años, así como la constante exigencia de un aumento de las tarifas, medida sumamente impopular entre usuarios.
Defensor de Marín será consejero jurídico
Otro de los nombramientos del próximo gobierno estatal que ha causado polémica es el del magistrado Ricardo Velázquez Cruz, próximo consejero jurídico de Barbosa Huerta, pues se trata de quien defendió al exgobernador Mario Marín Torres en el caso de la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en 2005.
El actual presidente de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Puebla llevó la defensa del exmandatario priista hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En ese máximo tribunal, Marín Torres, hoy prófugo por cargos de tortura en agravio de la reportera, fue exonerado en noviembre de 2007 gracias a una controvertida votación, donde la entonces ministra Olga Sánchez Cordero –actual secretaria de Gobernación–, cambió su postura repentinamente y se pronunció en contra de responsabilizar al político poblano por violaciones a los derechos humanos de la autora de “Los demonios del Edén”.
Antropólogo Glockner va a Cultura
En tanto, la Secretaría de Cultura, que aún debe instituirse como dependencia separada de Turismo, quedará a cargo del antropólogo Julio Glockner Rossainz, actual secretario de Arte, Cultura y Turismo de San Andrés Cholula.
Glockner Rossainz es conocido a nivel nacional por sus libros “Los volcanes sagrados”, “Así en la tierra como en el cielo” y “De los recuerdos de Josefina Albisua”, entre otros.
Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), se desempeñó durante 42 años (1977-2019) como investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, donde se concentró en el estudio de la cosmovisión de pueblos indígenas.
