El Soapap es un organismo de carácter estatal que abarca varios municipios porque tiene diversos compromisos financieros para poder otorgar el servicio, así que el gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta, tendría que hacerse cargo del tema.
Así lo señaló este miércoles Fernando Manzanilla Prieto, secretario General de Gobierno (SGG), quien explicó que el mandatario electo tendrá que valorar junto con su equipo las condiciones jurídicas y económicas de la concesión a Agua de Puebla, y con base en esto tomar una decisión.
En entrevista, aseguró que la revocación del contrato le corresponde al Soapap, que seguiría siendo estatal, pues el municipio no tiene las condiciones para poder soportar los costos que implica, ante lo cual dijo que “quizá la alcaldesa (Claudia Rivera Vivanco) no tiene información completa”.
Al respecto, comentó que el gobierno del estado eroga anualmente más de 100 millones de pesos para ir soportando la deuda del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).
Es de resaltar que en abril de 2019 la deuda de dicho organismo era de mil 590 millones 791 mil 714 pesos, cifra que bajó 1.1 por ciento respecto a diciembre de 2018, cuando era de mil 608 millones 655 mil 445 pesos.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, advirtió este mismo día que es posible que se rescinda el contrato de Agua de Puebla sin penalización alguna ni caer en violaciones a la ley.
