Ejidatarios de La Resurrección se ampararon para que el ayuntamiento de Puebla los atendida, pues desde 2018 acusaron a las administraciones de Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato, de despojarlos de 170 hectáreas, pero a la fecha no les dan una solución.
En rueda de prensa este viernes, indicaron que no pueden pagar el predial debido a que al momento de intentar hacerlo, se les notificó que el dueño de esos predios es Carlos Juárez Camacho.
Al respecto, informaron que el pasado 5 de junio, los ejidatarios afectados promovieron un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo, para que la directora de Catastro municipal, María Luisa de Ita Zafra, quien aseguraron se comprometió a atender su problema pero hasta el momento no los ha recibido.
Y es que la señalaron como una de las principales responsables, argumentando que protege a Juárez Camacho, y fue quien les informó que ya no podían pagar su predial porque “ya había otro dueño”.
“Ella es la que firma y le dice a los compañeros que ya no podemos pagar porque hay otro dueño. Es un robo lo que están haciendo”, sostuvieron.
Funcionarios del ayuntamiento no trabajan
Por lo anterior, sentenció que “o se va Claudia Rivera o se van sus funcionarios que no trabajan”, pues dijeron que “ella sabe sobre esas anomalías porque le hemos entregado escritos”.
Es necesario recordar que desde inicios de agosto de 2018, ejidatarios de la junta auxiliar de La Resurrección denunciaron un despojo de 170 hectáreas en las que ahora se buscan edificar casas, ante la llegada de burócratas por el traslado de la SEP federal a la ciudad de Puebla.
Además, acusaron que la persona que se apropió de los terrenos se identifica como Carlos Juárez Camacho, a quien vinculan con la empresa inmobiliaria Sadasi.
Armando Zapotitla Santa Bárbara, uno de los afectados, señaló que el despojo se llevó a cabo con anuencia del poder Judicial, ya que a pesar de existir escrituras a favor de los ejidatarios, el acusado logró obtener unas.
Eso quiere decir que hay duplicidad de la propiedad, pero el ayuntamiento de Puebla canceló las cuentas predial de los colonos, pues cuando intentaron pagarlo a principios de este año se les informó que otra persona había obtenido los derechos de las tierras.
Despojo data del 2014
Así se enteraron del despojo, pero al investigar, se percataron que el proceso fraudulento data del 2014, cuando Juárez Camacho ganó un proceso de adjudicación, radicado en el juzgado primero de lo civil con número de expediente 1053/2014.
De igual forma, se halló que el 22 de julio obtuvo el registro de la propiedad de los predios con folio electrónico 0427238, de acuerdo con el asesor jurídico Gerardo López.
Ya para inicios de septiembre del año pasado, dieron a conocer que a pesar de haber promovido un amparo en agosto por parte de una afectada por el despojo de 170 hectáreas en La Resurrección, ahora pertenecen a la SEP federal.
La quejosa en este trámite fue la señora Clara Santabárbara, quien aseguró que todo esto afectaría a la comunidad nahua, quienes han vivido ahí desde hace muchos años, y se dedican al cultivo de maíz, por la tanto, a la venta de tortillas y gorditas.
Es de señalar que el juicio de amaro se promovió el 16 de agosto, luego de que organizaciones inmobiliarias hicieron público el 31 de julio que estaban buscando un predio y que lo encontraron en esta zona.
Pese amparos, problema persiste
Ante esto, declararon que el 22 de agosto la Secretaría de Educación Pública (SEP) empezó a hacer el trámite para su gestión de dominio el bien inmueble.
Refieren que el amparo se aceptó el 28 de agosto, sin embargo, dos días después, el Registro Público de Propiedad declaró que los terrenos ahora eran del gobierno federal.
También, acusaron que dicho despojo se hizo en contubernio con el gobierno de Gali Fayad, por lo que exigen una reunión con él y con las instancias correspondientes para llegar a un punto de acuerdo.
Armando Zapotitla Santa Bárbara, uno de los afectados, señaló que el despojo se llevó a cabo con anuencia del poder Judicial, ya que a pesar de existir escrituras a favor de los ejidatarios, el acusado logró obtener unas.
