Omar Jiménez Castro, síndico suplente del ayuntamiento y abogado de la ASA, acusó que Agua de Puebla le cortó el servicio el pasado martes como represión por pedir quitarle la concesión, por lo que señaló que se amparará y se reconectará por su cuenta.
En rueda de prensa realizada este miércoles, explicó que la semana pasada los empleados de la empresa acudieron a marcar con una “x” blanca las calles 80 Poniente y 12 Norte, en la colonia 20 de noviembre, donde vive su abuela de 98 años, lo que causó que los vecinos se alarmaran.
Fue a las 10:00 horas del martes cuando comenzaron a romper el pavimento para suspenderle el servicio, por lo que les exigieron presentar una orden judicial, ante lo cual los empleados llenaron una “supuesta orden apócrifa”, sin fecha ni monto, expedida por Marisol Aguilar Sánchez, directora comercial de la concesionaria, a quien señaló de aceptar sobornos.
Ante esta situación, indicó que este día se reconectará para recuperar su derecho al agua, respaldado en el artículo 4 de la Constitución mexicana, que dice que toda persona tiene acceso al vital líquido, saneamiento, drenaje y alcantarillado, sin pedir requisitos, y el jueves presentará una demanda de amparo.
Empresa no puede suspender servicio, afirma
Reiteró que ocho juzgados de distrito han determinado que la concesionaria sólo debe suministrar el servicio y no tiene facultades para cobrar, embargar ni suspenderlo, pero el exgobernador Rafael Moreno Valle se las otorgó; además, no se sabe cuánto dinero recibe el Soapap del gobierno federal, ni por multas o recargos, así como en qué lo aplica.
Por ello, insistió en recabar 5 mil firmas y buscar una audiencia con el presidente Andrés Manuel Obrador para que instruya a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a aplicar una auditoría al Soapap.
Subrayó que quitar la concesión a la empresa es el objetivo de la Asamblea Social del Agua (ASA), la cual exigió que de inmediato se detengan los cortes de agua y drenaje, a fin de respetar el derecho humano al líquido y saneamiento, que debe ser garantizado por los tres niveles de gobierno.