Por el mal servicio que otorga, la ASA y otras organizaciones exigieron una auditoría integral por parte de la Federación, que abarque desde el proceso de adjudicación a Concesiones Integrales, hasta los procesos actuales financieros y de abasto.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente –que se celebra este 5 de junio–, también propusieron que se suspendan las obras con las que Agua de Puebla (también Concesiones Integrales) pretende alcanzar el monto de inversión comprometido y que se interponga una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal.
Esther Galicia Hernández, del Comité Defensor de Patrimonio Histórico y Ambiental de Puebla, informó que la empresa pidió al iniciar operaciones un crédito de mil 486 millones de pesos al Banco Monex, propiedad del Grupo Hank Rohn –uno de los dueños de Concesiones Integrales–, con lo que pagaría la contraprestación de la concesión, cuya financiación se empezará a liquidar este 2019, acumulando intereses por 489 millones de pesos que se pagan con la recaudación a los usuarios.
En rueda de prensa, acusó que en cinco años la empresa se ha ocupado en adquirir inmuebles valiosos de la zona patrimonial en vez de invertir en lo que se obligó bajo contrato, además de que eroga pagos a supervisores, por conceptos de asesoría, que entre 2014 y 2018 alcanzaron montos por 613 millones de pesos.
Colonias pagan por agua inexistente, acusan
Aseveró que la concesionaria decide de manera discrecional las cuotas del agua, sin que el Congreso local tenga conocimiento, cobra “montos estratosféricos” por un concepto de factibilidad que no asegura líquido suficiente, y no controla fugas, no pone medidores ni conserva la infraestructura que existía.
Resaltó que la capital de Puebla, Cuautlancingo, Amozoc, San Pedro y San Andrés Cholula están entre los cuatro que pagan el agua más cara del país, el servicio no cumple con ser oportuno, suficiente y de calidad, además de que sus plantas de tratamiento no trabajan a toda su capacidad.
Por su parte, Omar Jiménez Castro, de la Asamblea Social del Agua (ASA), denunció que hay colonias en el sur de la ciudad que no cuentan con servicio del vital líquido, pero aun así Concesiones Integrales les cobra hasta 30 mil pesos.
Señaló que en Puebla no es posible resolver el problema, por lo que acuden a la Secretaría Federal de la Función Púbica y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con la concurrencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En tanto, Manuel Bravo, de la Unión de Trabajadores Despedidos del Soapap y Agua de Puebla, dijo que se espera que con la próxima administración estatal cambie la situación o tendrán que parar las obras con “fuerza pacífica”, tras lo cual su organización se encargaría de dar un servicio de calidad sin un pago, pues cuentan con la capacidad y el personal para hacerlo.
Asimismo, todas las organizaciones hicieron un llamado para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tenga una “posición firme” para no permitir las obras de Agua de Puebla en la zona de Los Fuertes por la falta de permisos para realizarlas en un área protegida.
