María Elena Suárez, Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, revocó el acuerdo del juez segundo de distrito de dicho estado, que a su vez negó librar las órdenes de aprehensión contra el exgobernador Mario Marín Torres por la tortura a la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Las órdenes que también van contra Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial (en la administración de Marín Torres); Juan Sánchez Moreno, excomandante, y el empresario Kamel Nacif Borge, por el mismo delito.
En el expediente 09/2019IV, la jueza federal da el no a la determinación del juez segundo que ordenó, a finales de 2018, no ejecutar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público de la Federación
La notificación fue girada el 11 de abril y, según medios nacionales, la también activista ya fue avisada de la resolución.
El lunes, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, a cargo de Lorenzo Rivera Sosa, acusó que el tema no tenía sustento jurídico y, que se estaba usando como “garrote político” por las elecciones extraordinarias en Puebla.
Agregó que no se había comunicado con Marín Torres, militante del partido, pero agregó que el exmandatario “estaba de vacaciones”.
¿Qué ocurrió en hace más de 13 años?
En 16 de diciembre 2005, Cacho Ribeiro fue detenida por elementos de la entonces Policía Judicial de Puebla en Cancún, Quintana Roo, bajo cargos de difamación y calumnia contra el empresario textilero Kamel Nacif, presuntamente por orden del entonces gobernador Marín Torres.
En su libro “Los demonios del Edén”, la periodista exhibió los nexos de Nacif con una red de prostitución infantil, por lo que éste pidió a Marín Torres que le diera un escarmiento, lo cual quedó grabado en una llamada filtrada a medios de comunicación.
Según el relato de Cacho Ribeiro, acreditado por ONU, tras ser aprehendida, fue subida a una camioneta y llevada hasta Puebla.
Durante el viaje de 20 horas, fue torturada por los ministeriales, quienes también la amenazaron con violarla. Al llegar a Puebla, tuvo que pagar una fianza de 106 mil pesos para quedar en libertad y siguió su proceso en libertad, hasta que fue absuelta por un juez federal en 2008.
Por este caso, sólo ha sido sentenciado, a cinco años de prisión, José Montaño Quiroz, excomandante de la Policía Ministerial, por el delito de tortura en agravio a la periodista, y el pasado 4 de diciembre fue detenido Alejandro Rocha Laureano, elemento en activo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.