La Semarnat rechazó avalar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de dos proyectos mineros, el primero previsto en el municipio de Jolalpan donde pretendían extraer fierro y el segundo en Chiautla de Tapia para la extracción de zeolita.
De acuerdo con la Gaceta Ecológica, el proyecto en Jolalpan, al suroeste de Puebla, fue ingresado el 30 de noviembre de 2018 a la dependencia con el folio 21PU2018MD093 por el promovente Román Serrano Ponce.
Este proyecto buscaba extraer fierro, utilizando como explosivo dinamita, el terreno donde se pretendía trabajar cuenta con cierta cobertura vegetal, la cual será afectada por la extracción del mineral en la zona de explotación del proyecto que es de 4.36 hectáreas, además de que la zona por explotar se encuentra parcialmente arbolada.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio el resolutivo negativo a este proyecto minero en Jolalpan el 20 de febrero de 2019; tras ello, el mismo promovente ingresó nuevamente el proyecto –5 de marzo de 2019— para una segunda valoración, ahora con el folio 21PU2019MD018.
En tanto, con el folio 21PU2018MD092, la empresa Azul Arena ingresó –también el 30 de noviembre del año pasado— su proyecto para extraer zeolitas en el municipio de Chiautla de Tapia también al suroeste del estado, el cual tampoco fue aprobado.
Los pros de la minería a cielo abiero
De acuerdo con ambientalistas, la minería a cielo abierto es una industria que origina impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, pues se basa en la explotación de recursos no renovables encontrados debajo de la corteza superficial de la tierra.
Entre las afectaciones que produce se encuentran contaminación del aire, de las aguas superficiales, modificación de la corteza terrestre, impactos sobre la flora y la fauna, además de los conflictos sociales entre mineras y pobladores.
Cabe mencionar que en un informe del Centro de Análisis e Investigación (Fundar), se señaló que en la administración del expresidente se favoreció la instalación de mineras e hidroeléctricas internacionales –Deselec 1 y Almaden Minerals— en la entidad poblana con las que se vulneró los derechos humanos de comunidades.
