Tras la ratificación en 20 Congresos estatales, la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de las reformas para la extinción de dominio de bienes ligados a delitos como corrupción, extorsión y robo de hidrocarburos, pero aplazó la de la Guardia Nacional.
Así transcurrió este jueves cuando la Mesa Directiva de la soberanía emitió la declaratoria que avala el dictamen, el cual reforma el artículo 22 y la fracción 30 del 73 de la Constitución federal, a fin de que el Ministerio Público pueda tomar posesión de bienes y activos cuya procedencia legar no se acredite, a través de un procedimiento civil, independiente del proceso penal.
De acuerdo con los oficios remitidos, avalaron las reformas Puebla, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
Al fijar postura, Arturo Hernández Tapia, de la bancada Morena, aseveró que esta legislación se dan señales de que “nadie puede enriquecerse ilícitamente” y resaltó que se trata de la primera reforma constitucional aprobada por la LXIV Legislatura.
En el caso de la Guardia Nacional, Mario Delgado Carrillo, coordinador de los morenistas y presidente de la Junta de Coordinación (Jucopo), dio a conocer que la declaratoria fue aplazada porque aún no llegan los oficios de ratificación de al menos 17 Congresos locales, aunque comentó que “ya no tenemos prisa la verdad”.
Y es que más temprano, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que está dispuesto a esperar a que las 32 legislaturas locales aprueben las reformas para ejercer su facultad de promulgarlas y que entren en vigor.
Editado por Luis Alberto Palacios