El Congreso de Nuevo León aprobó reformar la Constitución local para “reconocer el derecho a la vida desde la concepción hasta muerte natural”, lo cual impide iniciativas de ley que aseguren el aborto libre de causales legales y el acceso a la muerte digna.
Lo anterior, pese a las protestas de grupos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, con 30 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, que permitieron reformar el artículo 1 constitucional, a fin de establecer que “existe vida humana desde el momento mismo de la concepción”, sin distinguir entre nacidos y no nacidos.
#Aborto legal en #NuevoLeón, no nací para ser madre, arriba las vidas de las mujeres 💚 pic.twitter.com/S6jeeQZxHY
— La Gran Señora (@bebitxhermosx) March 6, 2019
“El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León“, reza el comunicado del Legislativo estatal.
Ante esta disposición, la organización Fondo Maria, que defiende derechos sexuales y reproductivos de mujeres, resaltó que se no obstaculiza el acceso al aborto legal a través de las causales en Nuevo León: violación, peligro de muerte y riesgo a la salud.
Es importante que las mujeres, el personal médico y la sociedad sepa que esta reforma NO REPRESENTA un obstáculo legal para el acceso al aborto legal a través de las causales legales existentes en #NuevoLeon #AbotoLegal #DerechoADecidirNL
— Fondo MARIA (@FondoMARIAmx) March 6, 2019
No obstante, consideró que se trata de una estrategia para que una ley como la de la Ciudad de México, que garantiza la libre interrupción del embarazo hasta semana 12, sea declarada anticonstitucional en el estado.
Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se pronunció en contra de la reforma, pues sostuvo que “contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha confirmado no procedente otorgar el estatus de persona al embrión”.
Editado por Luis Alberto Palacios