Por considerar que los cobros por acceso a la información son costosos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó demandas de acción de inconstitucional ante la SJCN contra 109 municipios de Puebla.
La primera acción fue tramitada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 17 de enero e incluye las leyes de ingresos de los municipios de Chalchicomula de Sesma; Chignahuapan; Huejotzingo; San Pedro Cholula; Teziutlán y Zacapoaxtla.
En otra aparecen Acajete; Acateno; Amozoc; Atlequizayan; Atzala; Atzitzihuacan; Atzitzintla; Camocuautla; Cohetzala; Cohuecan; Coxcatlán; Coyomeapan; Cuautinchán; Cuetzalan del Progreso; Chiconcuautla y Chigmecatitlán.
Sigue otra acción contra Chilchotla; Chinantla; Domingo Arenas; Epatlán; Francisco Z. Mena; Hermenegildo Galeana; Honey; Huaquechula; Huehuetla; Hueyapan; Hueytlalpan; Huitziltepec; Juan Galindo; Molcaxac; Naupan; Nauzontla; Nicolás Bravo; Quecholac; San Diego La Mesa Tochimiltzingo; San Felipe Tepatlán; San Jerónimo Tecuanipan; San Nicolás Buenos Aires; Tehuitzingo; Tenampulco; Teotlalco; Tepatlaxco de Hidalgo; Tepemaxalco; Tepeojuma; Tepetzintla; Tepexco; Tlacuilotepec y Tlapacoya.
Luego, contra Tochtepec; Tulcingo; Tuzamapan de Galeana; Tzicatlacoyan, Xiutetelco; Xochiapulco; Xochitlán de Vicente Suárez; Yaonahuac; Xochitlán todos los Santos; Yehualtepec; Zaragoza; Zautla; Zihuateutla; Zongozotla y Zoquiapan.
Mientras que la última fue tramitada por transgresiones en las leyes de ingresos de Acatzingo; Acteopan; Ahuacatlán; Ahuatlán; Ahuazotepec; Ahuehuetitla; Ajalpan; Albino Zertuche; Aljojuca; Altepexi; Amixtlán; Aquixtla; Atempan; Atexcal; Atoyatempan; Axutla; Ayotoxco de Guerrero; Calpan; Caltepec; Cañada Morelos; Caxhuacan; Coatepec; Coatzingo; Coronango; Coyotepec; Cuapiaxtla de Madero; Cuautempan; Cuautlancingo; Cuayuca de Andrade; Cuyoaco; Chapulco; Chichiquila; Chietla; Chignautla; Chila; Chila de la Sal; Eloxochitlán; Esperanza; General Felipe Ángeles y Guadalupe.
Todas esas leyes expedidas por el Congreso del Puebla establecen cobros desproporcionales porque, uno de los artículos que reclama es el 23, que señala que la consulta de información y documentación que realicen los particulares, salvo que para su entrega se requiera su impresión o almacenamiento, se realizará con un disco compacto de 55 pesos.
Ese costo, indicó la CNDH, es inconstitucional, ya que constituye no se justifica mediante una base objetiva y razonable en cuanto al costo del material empleado.
Con ello se inhibe el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información al imponer una erogación económica injustificada y desproporcional al solicitante por la reproducción de datos requerida.
