Al menos 60 pueblos de Puebla, Morelos y Tlaxcala reiteraron al presidente Andrés Manuel López Obrador su rechazo al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual incluye un gasoducto que pasa por diez municipios poblanos, por los daños y riesgos que implica.
Así lo manifestó este lunes el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, a través de un pronunciamiento, donde remarcaron que será decisión del Ejecutivo federal si inicia “una bomba de tiempo” o cancela el PIM haciendo respetar los amparos concedidos a Atlixco, contra el gasoducto, así como a Huexca, en Morelos, contra dos hidroeléctricas.
Desde abril de 2017, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal concedió a cuatro comunidades de Atlixco un amparo para obligar a las empresas a cargo del gasoducto a realizar una consulta para su ejecución.
De acuerdo con este documento, asentado en el expediente 402/2015, los habitantes de San Jerónimo Calera, Santa Lucia Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec, y San José el Recreo, catalogados como pueblos indígenas de origen náhuatl, acusaron que el proyecto pone en riesgo sus vidas, tanto por la cercanía del volcán como por la cantidad de gas que trasladaría el ducto.
Casi dos años después, el pasado 21 de enero, el Cabildo de Atlixco aprobó por unanimidad dejar sin efecto la licencia de construcción y permisos otorgados por el gobierno municipal anterior, encabezado por José Luis Galeazzi Berra, al gasoducto, cuya construcción está encargada a las empresas españolas Elecnor, Abengoa, Enegás y Bonatti.
Exigen consulta local no nacional
No obstante, a más de tres años de haberse concedido el amparo, las empresas no han accedido a que los pueblos manifiesten su rechazo al PIM, por lo que los quejosos demandaron a presidente y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) escucharlos a través de una consulta que sólo incluya a los afectados de los tres estados y no a nivel nacional.
Y es que señalaron que el PIM ha causado represión y despojo de recursos naturales a pueblos originarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala, mediante el uso de la fuerza pública y el Ejército, así como del encarcelamiento, tortura, soborno a autoridades, grupos de choque.
Criticaron también que esta obra, aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, haya generado una deuda pública de 20 mil millones de pesos, pese a que las empresas Abengoa, Elecnor y Enagas no consultaron a los pueblos e incurrieron en irregularidades como ofrecer costos rebajados y después los aumentaron en más de un 300 por ciento.
Asimismo, recordaron que Abengoa y la CFE han intentado construir un acueducto “sin el consentimiento de los ejidatarios” de Cuautla, Morelos.
Por lo anterior, indicaron que, a partir del 3 de febrero en Cuautla, Morelos, realizarán foros, donde expertos expondrán los riesgos y consecuencias del PIM, a los cuales invitan al gobierno federal a través de sus delegados, y confiaron en que, el 12 de febrero, López Obrador anuncie su decisión final en este tema.
