La CNDH estableció que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala violó el derecho de acceso a la justicia de cuatro familiares de unaniña de once años desaparecida, pues emitió la “Alerta Amber” correspondiente 22 días después de la denuncia.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 83/2018 al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, en la que detalla que este organismo conoció el caso luego de que un portal de noticias publicara que, el 13 de enero de 2016, la niña salió de su casa en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, rumbo a la escuela y no regresó.
Los padres presentaron una denuncia ante la PGJ, la cual únicamente inició un acta circunstanciada, además de que les prohibió difundir la fotografía de la niña, “para no obstaculizar” su trabajo, por lo que los afectados acudieron a la Fiscalía General de Justicia de Puebla por la desaparición y probable trata de personas en agravio de su hija.
Tres días después de la denuncia de los padres, las autoridades de Tlaxcala emitieron una “Pre-Alerta Amber”, la cual “no admite su publicación en medios de comunicación a pesar de que se requería comenzar de inmediato la difusión de la información para lograr la localización de la menor”.
No inició averiguación previa
Posteriormente, la Procuraduría dio aviso a la Coordinación de Alerta AMBER México para la activación de dicho mecanismo a nivel nacional hasta el 4 de febrero, 22 días después de la desaparición; además, no justificó por qué se consideró que los elementos no eran suficientes para presumir la comisión de un hecho delictivo.
Aunado a esto, omitió dar respuesta por escrito a los padres de la menor respecto a su solicitud formulada para elevar el acta circunstanciada a averiguación previa, incumplió diversos lineamientos de actuación que establece el Protocolo de Investigación Ministerial de los Delitos Relacionados con Desaparición de Mujeres y no tomó en consideración otras hipótesis, como la trata de personas.
La CNDH pidió a Mena Rodríguez que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos de Tlaxcala, se repare el daño a los familiares de la niña; instruya a la PGJ a continuar con la averiguación previa, con el fin de continuar con la búsqueda y determinar la probable responsabilidad penal que corresponda.
Así como colaborar con este organismo en la presentación de la queja ante el Órgano Interno de Control en la PGJ de Tlaxcala y la Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos, de la misma dependencia, en contra de las autoridades involucradas.
Debe sensibilizar a servidores públicos
También se debe impartir un curso de sensibilización a los servidores públicos encargados de ejecutar la “Alerta Amber Tlaxcala”, con la finalidad de que sus atribuciones se realicen sin anteponer estereotipos que generen una revictimización de las personas, y formar al personal ministerial en derechos humanos.
Instruir a la Coordinación Estatal del Programa “Alerta Amber Tlaxcala” que modifique el protocolo para que se active de inmediato a la noticia de la desaparición; además de que, en un plazo de dos meses, cree una página electrónica del programa, la cual permita la consulta pública de cuales alertas se encuentran activas.
Asimismo, que elabore un protocolo de Investigación Ministerial de los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas; se revisen las actas circunstanciadas que se hayan radicado por desaparición de personas para analizar si deberán elevarse a averiguación previa y, en su caso, realizar las diligencias necesarias para su correcta integración.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
