El activista Sinar Corzo Esquinca fue asesinado por sujetos armados el pasado jueves en el municipio de Arriaga, en Chiapas, por lo que la CNDH exigió al gobierno y la Fiscalía de dicho estado investigar el crimen tomando en cuenta la labor del fallecido.
De acuerdo con los primeros reportes, a las 21:40 horas, hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra el defensor de los derechos humanos, quien perdió la vida en las cercanías de su domicilio en dicha localidad.
Posteriormente, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, por medio de su cuenta de Twitter, aseguró que “no quedará impune el asesinato” y “se hará justicia”.
En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que mandó un Grupo Especial con fiscales del Ministerio Público (MP), policías ministeriales y peritos encabezados por la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, para “esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”.
No quedará impune el asesinato de Sinar Corzo, se hará justicia. Mis más sentidas condolencias. #QEPD
— Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) January 4, 2019
CNDH emitió recomendación en 2015
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los hechos y recordó que emitió la Recomendación 18/2015 al gobierno de Chiapas, que en ese entonces encabezaba Manuel Velasco Coello, y al ayuntamiento de Arriaga, por la detención y malos tratos contra Corzo Esquinca.
Por ello, este organismo hizo un llamado a Escandón Cadena y la FGE para esclarecer el crimen, dar con los responsables y llevarlos ante la justicia para que no haya impunidad, además de proteger a sus familiares y a los miembros de la organización “El Coloso de Piedra”, a la que él pertenecía.
Expresó sus condolencias a los familiares, integrantes de la organización mencionada y amistades del activista, e informó que su personal se trasladará a Arriaga a fin de realizar allegarse de la información correspondiente.
De acuerdo con las cifras de este organismo, 41 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país desde 2006, lo cual refleja el riesgo que enfrentan las personas que son la voz de las víctimas de violaciones a las garantías individuales.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales