Un mes después de ser multado por el INE con 68 mil 862 pesos por no reportar la producción y edición de 50 videos, el excandidato del PRI a la gubernatura, Enrique Doger Guerrero, se inconformó por la sanción y exigió al Tepjf revocarla.
Este fin de semana interpuso en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) un recurso de apelación para tratar de revertir el castigo recibido el pasado 6 de agosto.
En su juicio SUP-RAP-366/2018 exige echar abajo el acuerdo INE/CG1068/2018, el que el Instituto Nacional Electoral (INE) encontró al excandidato y su partido responsables de no reportar el gasto de producción de los videos, acto denunciado por Morena.
El partido integrante de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) aseguró que en total eran 126 videos que no fueron notificados, por lo que también acusó rebase del tope de gastos de campaña.
Tras la investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) encontró que solo se le reportó lo pagado por 76 de las filmaciones denunciadas, así que lo gastado en el resto fue lo que se omitió.
Luego de una valoración a la producción y edición de los videos (algunos con calidad semiprofesional y otros, profesional) se estimó que el PRI y Doger Guerrero pagaron por ellos 68 mil 904 pesos.
Morena reclama Huehuetlán el Grande
Como la omisión de gastos es considerada una “falta grave ordinaria”, se acordó imponer la multa del 100 por ciento del gasto no reportado, pero en su equivalente a Unidades de Medida y Actualización (UMA), así que se fijó el monto de 68 mil 862.32 pesos, o sea, 854 UMAs.
Por otro lado, Morena impugnó la resolución TEEP-I-014/2018 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), mediante el cual ratificó el triunfo del PRI en la alcaldía de Huehuetlán El Grande.
A través del juicio de revisión constitucional SCM-JRC-188/2018, el partido demandó a la sala regional Ciudad de México del Tepjf revocar la resolución afirmando que hubo irregularidades durante la jornada electoral.
En su queja pidió anular y repetir los comicios del lugar debido a que el 1 de julio se registraron votos de personas que actualmente radican en Estados Unidos o que incluso ya están muertas.
El caso está a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, quien se encargará de determinar si el triunfo del tricolor fue legítimo o habría que revocarlo.
