El Tepjf desechó la queja de Morena contra el gobierno del estado por la entrega de zapatos escolares presuntamente repartidos en precampañas, pues no encontró pruebas de ello y tampoco de que se haya buscado coaccionar el voto.
En sesión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), se acordó dejar sin efectos el juicio de revisión constitucional que promovió Fernando Jara Vargas, representante legal del partido en Puebla.
A decir de los seis magistrados, no hay evidencia de que la administración de Antonio Gali Fayad haya lucrado con los programas sociales e, intentado coaccionar el voto en favor de la candidata de la candidata del grupo en el poder, Martha Erika Alonso Hidalgo.
Tampoco consideró que el logotipo y eslogan del gobierno “Puebla Sigue”, grabado en el calzado haya violentado la equidad de la contienda, como acusó Morena, pues no se promovió a la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle o a la coalición “Por Puebla al Frente”, a la que abandera.
Por lo anterior, decidieron desechar el juicio de revisión constitucional electoral con el cual Jara Vargas demandó invalidar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), donde también determinó que no hubo ninguna infracción.
Acusan uso indebido de recursos
En el oficio se reclamó la responsabilidad de Gali Fayad en “el uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda, con la utilización de programas sociales”.
Esto porque a decir del partido inconforme, el gobierno estatal incurrió en un delito electoral al entregar los apoyos escolares justamente en los diez días de precampaña, lo cual está prohibido.
Morena promovió el juicio el pasado 3 de abril, fue radicado con el número de expediente SUP-JRC-37/2018 y estuvo a cargo del magistrado José Luis Vargas Valdés, quien este jueves propuso desecharlo.
En el documento, se exigía invalidar el oficio TEEP-PRE-147/2018, en el cual se determinó exonerar a Gali Fayad y su gobierno de cualquier sanción.
Esta resolución fue emitida el pasado 27 de marzo, casi dos meses después de que Morena reportó las presuntas anomalías, luego de que el TEEP no encontró ninguna prueba de lo denunciado.
